Ciudad de México.-«No podemos permitir que los grupos delictivos sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quien invierte, quien cierra, quien abre y quien se va», dijo Juan José Sierra, presidente de COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana)
Reflejando una profunda preocupación del sector empresarial sobre el impacto de la extorsión en México, Juan José Sierra hizo estas declaraciones en un evento reciente de este organismo patronal y además agregó:
«Están matando el corazón productivo de México. La extorsión se ha convertido en una estructura de control económico y social que amenaza la libertad y la actividad productiva»
Sierra calificó la extorsión generalizada como el «claro reflejo de la falla del Estado». Esto implica una crítica directa a la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y el Estado de derecho, que son funciones primarias del gobierno.
La frase «No podemos permitir que los grupos delictivos sustituyan al Estado» subraya que las organizaciones criminales están ejerciendo funciones de facto que le corresponden al gobierno. Al decidir «quién trabaja, quien invierte, quien cierra, quien abre y quien se va,» el crimen organizado establece sus propias reglas económicas y sociales, debilitando la autoridad legítima.
El crimen está «matando el corazón productivo de México.» La extorsión se percibe como una «estructura de control económico y social» que asfixia la libertad y la actividad productiva, lo que resulta en una reducción de la inversión, el cierre de negocios y el estancamiento económico.
COPARMEX representa a empleadores y empresarios, por lo que su voz es un indicador del sentir del sector privado. Para las empresas, la extorsión no es solo un costo de seguridad, sino una amenaza existencial que afecta directamente la toma de decisiones (si invertir o no) y la viabilidad de las operaciones, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
En esencia, las declaraciones de COPARMEX son un llamado de alarma para que el gobierno recupere el monopolio de la fuerza y el control territorial para garantizar un entorno seguro que permita el desarrollo económico y la libre empresa.
