Las negligencias y «negocios» de pasadas administraciones dejaron una bomba de tiempo en Mazatlán. La ley obliga a la actual gestión a cobrarles de su propio bolsillo o convertirse en sus cómplices, según el abogado-analista David Cristóbal Álvarez
Por Rodrigo de Triana
Lo que escribió en el Diario Noroeste el abogado-analista David Cristóbal Álvarez debe ser la lectura obligada de cualquier ciudadano que en verdad esté preocupado por el presente y el futuro de Mazatlán.
No se trata de un simple pataleo de café ni de un desglose superficial de quejas: es la radiografía de un socavón financiero que supera los 1,300 millones de pesos y que hoy tiene al Municipio al borde del colapso operativo.
El expediente de la vergüenza
Álvarez establece que las sentencias firmes y los procesos en etapa final de cuantificación son el resultado de años de opacidad, defensas legales simuladas, negociaciones bajo la mesa y revanchismos de trienio.
Su recuento no deja títere con cabeza:
1.-El Megagolpe Ambiental (Basurero Municipal)
La acción colectiva ganada por Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C. no solo exige el cierre definitivo del tiradero; al tratarse de un daño ambiental irreparable, la justicia federal fijará una indemnización estimada en cerca de 1,000 millones de pesos.
2.-El Antecedente «El Crestón» (Jumapam)
La planta tratadora ya clausurada dejó una condena firme que oscila entre los 100 y 300 millones de pesos por contaminación acumulada.
3.-Fiascos Jurídicos y «Negocios» Políticos (Caso Nafta)
Permisos ilegales firmados al vapor, una defensa deliberadamente omisa que «olvidó» contestar demandas y ofrecer pruebas, sumado al pago millonario a despachos externos ineficientes.
4.-Venganzas Administrativas (Estadio de Béisbol)
Directamente vinculado a la gestión de Luis Guillermo «El Químico» Benítez su secretario del Ayuntamiento, en la que el corte arbitrario del servicio de agua y la clausura de taquillas abrieron la puerta a demandas de concesionarios que ahora el pueblo debe pagar. 13.8 millones de pesos.
6.-La Sangría de las Purgas Laborales
Despidos injustificados ejecutados por capricho al inicio de cada trienio, acumulando una bola de nieve de salarios caídos e indemnizaciones infladas.
Este es el expediente que hoy debe tener temblando y sudando frío a exediles, exdirectores jurídicos y exsíndicos.
¿Por qué?
Porque la legislación en materia de responsabilidades administrativas estipula la Acción de Repetición, una herramienta legal que faculta y obliga al Estado a «repetir» (cobrar de vuelta) contra el servidor público que por dolo, negligencia grave o arbitrariedad haya generado un daño económico al erario.
Los alcances jurídicos para los exfuncionarios involucrados son directos y no admiten evasivas:
Embargo de Bienes
Congelamiento de cuentas bancarias y embargo de propiedades inmobiliarias a nombre de los implicados para restituir el dinero.
Inhabilitación Definitiva
La imposibilidad legal de volver a ocupar un cargo en la función pública municipal, estatal o federal.
La encrucijada de la actual administración: ¿Justicia o Complicidad?
La mirada pública se traslada de inmediato a los despachos en funciones. En el ámbito penal y administrativo, la omisión es delito. Si la actual administración que encabeza la Presidenta Municipal Estrella Palacios, junto al Secretario del Ayuntamiento, la Síndica Procuradora y el Director Jurídico, no presentan las demandas civiles de repetición y las denuncias penales correspondientes, incurrirán de forma automática en el delito de encubrimiento y ejercicio ilícito del servicio público.
La encrucijada para la alcaldesa y su equipo es tajante, cruda y sin margen de maniobra: o embargan a los culpables para salvar a Mazatlán, o se sientan con ellos en el banquillo de los acusados.
