CIUDAD DE MÉXICO. – En un contexto donde la economía de las familias sinaloenses se encuentra bajo presión, el diputado federal Mario Zamora Gastélum alzó la voz desde la máxima tribuna del país para denunciar lo que calificó como un golpe injustificado al bolsillo ciudadano: el incremento en las tarifas de peaje en las autopistas de Sinaloa.
Con un tono marcado por la indignación y la solidaridad social, Zamora exigió un alto inmediato a estos cobros, señalando que la medida carece de sensibilidad humana frente a la realidad que viven transportistas, productores agrícolas y familias que dependen de estas rutas.
Carreteras costosas y en mal estado: Una injusticia social
El legislador sinaloense no solo cuestionó el monto del incremento, sino la profunda contradicción que existe entre los altos costos y el deterioro físico de las vías. Hizo especial énfasis en la maxipista Mazatlán–Culiacán y el puente San Miguel, tramos que los usuarios han reportado constantemente como peligrosos y deficientes.
“Es inaceptable que, con carreteras en condiciones casi intransitables, se anuncie un nuevo aumento. Hoy levantamos la voz por cada sinaloense que recorre estas rutas por necesidad, no por lujo. Es doloroso ver que estos recursos se van a manos privadas mientras nuestras vías se caen a pedazos”, expresó con firmeza el diputado.
Exigencia de transparencia y rendición de cuentas
Más allá del reclamo, Mario Zamora formalizó una solicitud de informe detallado para que las autoridades federales respondan ante la ciudadanía tres preguntas fundamentales que hoy preocupan a todo el estado:
¿Quién autorizó este aumento de manera unilateral?
¿Cuál es la justificación técnica para castigar así la movilidad del estado?
¿Qué beneficios tangibles recibirá el usuario, considerando el riesgo que hoy representa circular por ellas?
Un golpe a la productividad y la paz económica
Zamora subrayó que Sinaloa atraviesa momentos complejos, especialmente en el sector agropecuario, motor de la región. Incrementar los costos de traslado sin un diálogo previo ni sensibilidad social representa, en sus palabras, un «golpe bajo» a la productividad y a la recuperación económica de la entidad.
“Sinaloa urge de certidumbre, no de más presión económica. Las decisiones tomadas desde un escritorio en la capital no pueden seguir ignorando el impacto real en el bolsillo de nuestra gente”, concluyó, reafirmando su compromiso de no dar marcha atrás hasta obtener una respuesta justa para los sinaloenses.
