Por la Redacción
Ciudad de México.-El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó una proposición con Punto de Acuerdo ante la Cámara de Diputados para exhortar a las autoridades federales a intervenir en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. El legislador denunció presiones y multas administrativas contra empresas concesionarias que, según argumenta, ponen en riesgo la continuidad de los servicios de telefonía e internet en la región.
El exhorto va dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
El objetivo, señaló Zamora Gastélum, es deslindar responsabilidades penales o administrativas y evitar la inhabilitación física de la infraestructura de comunicación.
Telecomunicaciones como derecho constitucional
El legislador sinaloense subrayó que, de acuerdo con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acceso a las telecomunicaciones es un derecho humano fundamental, indispensable para la operación de sectores estratégicos como:
Hospitales y servicios de salud.
Planteles escolares.
Actividades comerciales.
Sistemas de seguridad pública.
“Es inadmisible que controversias de índole fiscal o reglamentaria local escalen al grado de afectar de manera directa un servicio público fundamental.
La recaudación municipal jamás puede estar por encima de la seguridad y los derechos constitucionales”, manifestó.
Competencia federal y certidumbre jurídica
En el documento presentado, el diputado precisó que la regulación y sanción de las redes de comunicación corresponden de manera exclusiva al ámbito federal. Advirtió que las acciones unilaterales para retirar infraestructura podrían constituir una invasión de competencias y tipificarse como delitos contra las vías generales de comunicación.
Finalmente, Zamora Gastélum hizo un llamado al diálogo institucional para ofrecer certidumbre jurídica a operadores como Megacable y Total Play, argumentando la necesidad de proteger las inversiones que sostienen la conectividad digital y telefónica en la entidad.
