CDMX.-El hallazgo de diez cadáveres en distintas zonas de Zacatecas y Morelos —entre los que se encuentran exalcaldes, funcionarios municipales en activo y empresarios mineros— reveló una presunta trama de extorsión, desvío de recursos públicos y colusión entre estructuras de gobierno y el crimen organizado, de acuerdo con un análisis revelado por el periodista Héctor de Mauleón, en su columna de hoy publicada en el Diario El Universal.
Los cuerpos de cinco víctimas fueron localizados colgados de un puente en la comunidad de Pozo de Gamboa, Pánuco, mientras que otros cuatro aparecieron en Morelos y uno más en Saín Alto. Todas las víctimas estaban vinculadas directamente al municipio de Fresnillo, Zacatecas.
A estos diez homicidios se suma el hallazgo del cuerpo de un comandante de la Policía Metropolitana dentro de un vehículo en circunstancias irregulares, con dos impactos de bala en la cabeza, pese a que en un inicio las autoridades contemplaron la hipótesis de un suicidio.
Funcionarios, exalcaldes y empresarios entre las víctimas
De acuerdo con datos confirmados por el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, y por el fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho, entre las personas ejecutadas se encuentran:
Ignacio Castrejón: Expresidente municipal de Sombrerete (2016-2018) y empresario del ramo minero, sustraído de su domicilio la madrugada del sábado.
Fidel Alvarado: Secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo.
Jesús Gerardo Muñetón: Funcionario activo de Protección Civil de Fresnillo.
Andrés Vázquez: Expresidente municipal de Canatlán, Durango.
Un exdirector de la policía de Durango y un empresario dedicado a la distribución de agua en pipas.
Ocho de las víctimas fallecieron por estrangulamiento y dos más por disparos de arma de fuego. En las pruebas toxicológicas practicadas por la fiscalía, dos de los funcionarios dieron positivo a consumo de estupefacientes.
Narcomensajes acusan desvío de fondos y apelan a la Federación
A diferencia de otros hechos violentos atribuidos a disputas territoriales entre cárteles, junto a los cuerpos se localizaron mensajes firmados por un grupo delictivo donde se justifica la ejecución argumentando que las víctimas desviaron recursos públicos e intentaron responsabilizar a la organización criminal.
«Esto nos pasó por desviar recursos de gobierno y culpar a la organización», citaba textualmente uno de los carteles.
El texto también contenía señalamientos dirigidos a mandos locales y hacía un llamado explícito a las autoridades federales —asociadas por fuentes de inteligencia con el secretario de Seguridad Federal y el titular de la Sedena— para que auditen a las corporaciones estatales y municipales, acusándolas de filtrar información distorsionada.
Opacidad y vacíos en la investigación
De Mauleón destaca que, según información oficial emitida por las autoridades estatales, se perdió contacto con las víctimas entre el 16 y el 18 de julio; sin embargo, no existía ninguna denuncia formal ni reporte por desaparición presentado por sus familiares o colaboradores.
Este hecho se suma al reciente asesinato en Guadalajara del exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, ocurrido el pasado 7 de julio, quien contaba con antecedentes de acusaciones por presunto desvío de recursos y litigios judiciales.
Hasta el momento, la principal línea de investigación de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas apunta hacia presuntos actos de extorsión, fraude y colusión de servidores públicos con grupos del narcotráfico que operan en la región.
