TIJUANA, B.C. — Un fuerte operativo desplegado por fuerzas federales en la delegación Otay Centenario ha encendido las alarmas entre los vecinos de la colonia 10 de Mayo, tras la detención de Isidoro Valencia, un conocido comerciante local que por años se ha dedicado a la venta de elotes en la zona.
Los hechos ocurrieron ante la mirada de familiares y colonos, cuando elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) interceptaron al comerciante. Hasta el momento, el hermetismo de las autoridades federales es absoluto, por lo que no se han revelado oficialmente los delitos que se le imputan ni el motivo que originó la orden de aprehensión.
La postura de la familia: ¿Confusión o línea de investigación?
El arresto ha generado desconcierto y suspicacia entre los allegados de Valencia, quienes defienden su inocencia y ligan directamente el actuar de las autoridades con un movimiento financiero reciente. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar:
La familia confirmó que el comerciante obtuvo recientemente un crédito bancario formal por la cantidad de 600 mil pesos, un recurso que presuntamente sería destinado a proyectos personales y del cual aseguran tener los comprobantes correspondientes.
Ante la falta de un informe preliminar por parte del Ministerio Público Federal, los familiares cuestionan si el flujo de efectivo pudo haber activado alguna alerta automatizada en el sistema financiero por presunta procedencia ilícita o si el comerciante pudo ser víctima de una suplantación de identidad.
El escenario legal
Al tratarse de una intervención coordinada por la FGR y el Ejército, el caso se encuentra bajo la jurisdicción del fuero federal. Se espera que en las próximas horas Isidoro Valencia sea presentado ante un juez de control en las instalaciones de la delegación de la Fiscalía en Tijuana, donde se determinará su situación jurídica y se abrirá el plazo constitucional para que la defensa legal pueda desacreditar las imputaciones del gobierno federal.
