Por Alejandro Gallardo
Han pasado veinte meses desde que el viejo Acuario de Mazatlán cerró sus puertas para dar paso al llamado “Acuario Mar de Cortés”, presentado como el más grande de Latinoamérica y como un emblema de modernidad turística. Sin embargo, detrás de ese discurso de progreso se esconde un pésimo negocio para el Ayuntamiento, que dejó de percibir los ingresos millonarios que antes generaba el inmueble a cambio de un modelo público-privado que hoy solo parece beneficiar a unos cuantos empresarios.
El problema es sencillo y escandaloso: los directivos del nuevo Acuario, encabezados por el empresario hotelero Ernesto Coppel, no han pagado un solo peso de renta en 20 meses.
Argumentan una caída en el aforo, producto de la inseguridad, sin embargo, por mucho tiempo, presumían cifras récord de visitantes.
La deuda asciende ya a más de 52 millones de pesos, incluyendo el 5% de intereses estipulado en el contrato. Mientras tanto, el Ayuntamiento, propietario del inmueble, ha optado por la pasividad, tolerando un adeudo que representa un daño directo al erario.
No fue el propio Ayuntamiento quien alzó la voz, sino una organización civil la que denunció la situación ante la Auditoría Superior del Estado (ASE). Fue entonces cuando el organismo fiscalizador intervino, señalando que esos 2.3 millones de pesos mensuales de renta estaban contemplados en la Ley de Ingresos municipal. De no cobrarse, se incumple con la recaudación prevista para este año. El tesorero municipal, Julio César Ramos, informó que ya entregaron la información requerida, pero el problema de fondo sigue igual. El dinero no llega.
Lo más indignante es que el viejo acuario seguía siendo rentable al momento de ser liquidado. El pinguinario, el aviario y el área de lobos marinos aún podían operar y coexistir con el nuevo complejo, bajo el control del Ayuntamiento. Pero se optó por cerrar ese espacio público y entregarlo en renta para favorecer un proyecto en el que los inversionistas privados llevan la mejor parte, aunque el financiamiento haya provenido, en su mayoría, de recursos públicos.
Y por si fuera poco, dentro del propio Ayuntamiento hay voces y presiones desde la Secretaría de Turismo, que plantean incluso “condonar” el pago del adeudo. Regidores como la panista Wendy Barajas y el neo morenista Martín Ochoa se han pronunciado en ese sentido, como si defender a los deudores fuera parte de su función pública. Parece que a algunos “servidores públicos” se les olvida que los recursos municipales son del pueblo, no de los inversionistas ni de los políticos de turno.
Ojalá mantengan esa postura cuando, a finales de año, falten recursos para pagar los aguinaldos o para sostener los servicios básicos del municipio. Porque mientras unos hacen negocio con el mar, el Ayuntamiento se está ahogando en su propio silencio.
Por lo pronto, es lo que hay.
