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Petro condena participación de exmilitares colombianos en ataques con minas en Michoacán

BOGOTÁ / CIUDAD DE MÉXICO. — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó enérgicamente la participación de ciudadanos colombianos, en su mayoría exintegrantes de las Fuerzas Armadas, en un reciente ataque con minas terrestres en el estado de Michoacán, México, el cual cobró la vida de al menos ocho militares mexicanos.

El pronunciamiento del mandatario se dio luego de que las autoridades mexicanas confirmaran la detención de un grupo armado en la región de Tierra Caliente. De los 17 arrestados por estos hechos, 11 son de nacionalidad colombiana y presuntamente operaban como mercenarios bajo las órdenes de organizaciones del narcotráfico local.

Reclutados por el crimen organizado

De acuerdo con las investigaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas, los ciudadanos colombianos habrían sido contratados por el Cártel de Los Reyes, una célula criminal que mantiene una cruenta disputa territorial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Los detenidos fueron reclutados específicamente por su experiencia táctica y conocimientos avanzados en el manejo de explosivos a ras de suelo y drones.

A través de sus canales oficiales, el presidente Petro lamentó que el conocimiento militar adquirido por antiguos miembros del ejército de su país sea «vendido» a mafias internacionales.

«El mercenarismo colombiano es un problema que azota a varias regiones del mundo. Quienes hayan sido entrenados por el Estado no pueden terminar al servicio del crimen organizado», señaló el mandatario, quien además solicitó endurecer las sanciones legales para este tipo de conductas.

Alerta por la internacionalización de la violencia

El caso ha encendido las alarmas tanto en México como en Colombia sobre el creciente fenómeno de la transnacionalización de los cárteles. No es la primera vez que exmilitares colombianos se ven involucrados en eventos de alto impacto internacional; sin embargo, su presencia en Michoacán evidencia una nueva fase en la sofisticación de los métodos de combate que utilizan los grupos criminales en territorio mexicano.

Las autoridades de ambos países informaron que mantendrán los canales de cooperación abiertos para profundizar en las redes de reclutamiento que operan en Sudamérica y frenar el flujo de combatientes hacia los grupos delictivos de México.

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