Mazatlán.-Una vez más, el dinero de los mazatlecos terminará en el fondo de un saco roto por culpa de la negligencia gubernamental. El Ayuntamiento de Mazatlán ha sido sentenciado por el Tribunal de Justicia Administrativa a pagar una condena millonaria debido a las malas decisiones y omisiones de exfuncionarios públicos de administraciones pasadas.
Ante esta alarmante situación, el llamado desde el Cabildo es enérgico: no basta con pagar la deuda; hay que perseguir y castigar a quienes causaron este desastre financiero.
La postura es clara: el cumplimiento de una sentencia judicial es obligatorio, pero es completamente injusto e inaceptable que la factura de la incompetencia de unos cuantos la paguen las familias de Mazatlán con sus impuestos.
El verdadero costo: menos calles pavimentadas, peor alumbrado y servicios públicos deficientes
Este golpe millonario no es solo un número en una hoja de balance; es un atentado directo contra la calidad de vida de los ciudadanos. Cada peso que se destine a pagar esta demanda es un peso que se le arrebata a:
La pavimentación de calles y reparación de baches.
La mejora del alumbrado público y la seguridad en las colonias.
El mantenimiento del drenaje y el agua potable.
Programas sociales destinados a las familias más vulnerables del puerto.
«No es aceptable que los errores de unos cuantos terminen siendo pagados por miles de ciudadanos mediante recursos públicos. Quien ocasiona un daño al patrimonio público debe responder con sus propios bienes, no con el dinero de la gente», se denunció desde el Cabildo.
Las cuatro preguntas que exigen respuesta inmediata
Para que este caso no quede en el olvido ni en la impunidad como tantos otros, se ha exigido abrir una investigación profunda, transparente y de cara a la sociedad que responda a lo siguiente:
¿Quién tomó las decisiones que originaron esta demanda multimillonaria?
¿Por qué se perdió el juicio? ¿Qué omisiones o pésimas defensas jurídicas provocaron que el Ayuntamiento perdiera el caso?
¿Habrá consecuencias reales? ¿Existe responsabilidad patrimonial para los servidores públicos involucrados?
¿Se recuperará el dinero? ¿Se ejercerán las llamadas acciones de repetición para obligar a los responsables a devolver lo perdido de sus propios bolsillos?
El compromiso: no habrá «carpetazo»
El compromiso de vigilar este proceso ya está sobre la mesa de Cabildo. No se busca únicamente que el municipio salde la cuenta para «cerrar el expediente», sino que se inicien los procedimientos administrativos, civiles y penales correspondientes contra los exfuncionarios involucrados.
En Mazatlán debe sentarse un precedente definitivo: la función pública no es un juego de impunidad. Quien dañe el patrimonio de la ciudad debe pagar las consecuencias, o de lo contrario, la historia de desfalcos y negligencias se seguirá repitiendo a costa del bienestar de todos.
