Culiacán, Sinaloa, 08 de marzo de 2024.- El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Distrito confirmó la resolución del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa que declaró infundados los agravios expresados por el actual apoderado legal de la UAS, Robespierre Lizárraga en contra de la medida cautelar de suspensión temporal del cargo a Jesús “M”.
Asimismo, en dicha resolución el Juez manifiesta que por encima del interés del quejoso de que Jesús “M” permanezca como en su cargo como Rector de la casa de estudios, está el interés de la sociedad en la investigación de los delitos que son de interés social y del orden público.
En la notificación que recibió la FGE el Tribunal Federal precisa que el quejoso Robespierre Lizárraga Otero no tiene legitimación para promover cuestiones que sólo podrían afectar a Jesús “M”, dado que la Universidad Autónoma de Sinaloa no es la representante o apoderada legal de Jesús “M”, pues la medida cautelar de suspensión temporal del cargo de Rector no repercute en la esfera jurídica de la casa de estudios.
Es decir, por encima del interés del quejoso de que el Rector Titular permanezca en su cargo, está el interés de la sociedad en la investigación de los delitos que es de interés social y de orden público; y la medida cautelar es de carácter provisional y no definitivo, por lo que su duración es limitada. Con esto no se transgrede el principio de presunción de inocencia por el hecho que se le niegue la suspensión definitiva contra la suspensión temporal del cargo de Rector.
Con esta resolución del Recurso de Revisión por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, la autonomía universitaria no se vulnera en ninguna de sus vertientes (autogobierno, autoformación), ya que, de otorgarle la suspensión de esa medida cautelar, esta equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se pronuncie en el fondo del juicio de amparo respectivo.
Los alcances de la autonomía universitaria están contemplados en la fracción VII, del artículo 3 de la Constitución Política Federal, de la siguiente manera:
“…La Autonomía Universitaria no actualiza un supuesto de excepción que impida aplicar la regla general que prohíbe conceder la suspensión en contra de una medida cautelar en materia penal; no es un derecho ni un fin en sí mismo, sino simplemente una herramienta para lograr un fin (el principio de libre enseñanza), por lo que, la autonomía universitaria no significa un régimen de inmunidad, excepcionalidad, extraterritorialidad privilegio que sustraiga a las Universidades Autónomas de los principios y normas del sistema jurídico, como es que se vinculen a proceso a Funcionarios Universitarios por hechos previsto en las leyes como delitos, y por consecuencia se les impongan medidas cautelares respectivas.
Todo lo anterior, viene a desvirtuar las manifestaciones hechas en diferentes medios de comunicación por parte del Rector Jesús “N”, Apoderados legales, Asesores Jurídicos y diversos Funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes usan como lema a su favor “EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA”, quedando claro que la autonomía no se afecta ni transgrede con los procedimientos penales que trajeron como consecuencia autos de vinculaciones a proceso y por ende, la imposición de la medida cautelar ya mencionada. La Universidad Autónoma de Sinaloa no se está afectando con los procedimientos que sigue en la causa penal 918/2023 ni en ningún otro proceso actual o futuro.
De ahí que, también es contrario al interés de la Universidad en cita que se conceda la suspensión en contra de la separación temporal del cargo de Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, puesto que esa medida cautelar tiene como finalidad evitar la obstrucción de la justicia y no permitir que el imputado Jesús “M” pueda obstruir la investigación de los ilícitos cometidos en detrimento de la Universidad en comento.



