Mazatlán, Sinaloa.— En el mismo marco donde el Gabinete de Seguridad Nacional desplegaba discursos de coordinación y promesas de pacificación en la sede de la Tercera Región Militar, la realidad de las víctimas irrumpió en la agenda pública local: Brenda Valenzuela Gil hizo pública la interposición de una demanda de amparo ante la justicia federal en contra del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y diversos mandos de la corporación.
La acción legal responde a la persistente omisión e inobservancia de las órdenes emitidas por el Ministerio Público Federal para la localización de su hijo desaparecido, así como para la ubicación de personas clave que podrían aportar datos determinantes en la investigación.
De acuerdo con el testimonio sustentado por la madre de la víctima, las diligencias ordenadas por la Fiscalía Federal han sido notificadas de manera reiterada a las áreas operativas e inteligencia de la SSPC sin que hasta el momento exista constancia escrita o informe que acredite su cumplimiento.
«Una orden de la Fiscalía no es una sugerencia: es un mandato que las autoridades deben ejecutar. Cada día que pasa sin cumplirse es un día más sin saber qué le pasó a mi hijo», aseveró Valenzuela Gil, quien enfatizó que el pasado 21 de octubre solicitó formalmente la intervención de los aparatos de inteligencia del Estado sin recibir respuesta alguna.
La demandante cuestionó el sesgo operativo de las fuerzas federales al señalar la aparente contradicción entre las cuantiosas capacidades técnicas del Estado y la falta de voluntad para aplicar dichos recursos en la búsqueda de ciudadanos desaparecidos, contraviniendo lo dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley General de Víctimas.
El recurso tramitado ante los juzgados de distrito en materia de amparo busca obligar judicialmente a la Secretaría de Seguridad federal a rendir cuentas sobre las omisiones operativas y a ejecutar de inmediato los actos de búsqueda encomendados. La presentación del recurso coincidió con la presencia física de García Harfuch en el puerto, confrontando el balance oficial de seguridad con el reclamo directo de justicia y verdad.
