CIUDAD DE MÉXICO.— Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una empresa paraestatal del Gobierno de Sinaloa realizó transferencias financieras a una compañía recientemente sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por operar como red de lavado de dinero y contrabando de combustible para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con estados de cuenta y documentos internos obtenidos por el equipo de investigación liderado por el periodista Raúl Olmos, la entidad pública involucrada es Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), una empresa de participación estatal mayoritaria incorporada formalmente al organigrama del Gobierno sinaloense.
Los registros bancarios detallan que, entre el 4 y el 23 de abril de 2024, Preecasin emitió tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a favor de la empresa Ahavat Logistics.
El vínculo con el narcotráfico
Ahavat Logistics, constituida originalmente en Toluca como una comercializadora de petrolíferos, fue incluida en la «lista negra» de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Las agencias de inteligencia de ese país determinaron que la firma forma parte de una red de «huachicol fiscal» (importación ilegal de combustibles) cuyas ganancias multimillonarias sirven para financiar las actividades criminales y logísticas del CJNG.
Las transacciones ocurrieron plenamente bajo la actual gestión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Este hallazgo suma una nueva acusación sobre la presunta infiltración de redes ligadas al crimen organizado dentro de la estructura e instituciones del gobierno estatal.
Hasta el momento, ni la dirección de Preecasin ni la administración del gobernador Rocha Moya han emitido una postura oficial para aclarar bajo qué concepto o contrato público se entregaron dichos recursos a la empresa boletinada por el gobierno estadounidense.
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