Por la Redacción de Reporte Naranja
CIUDAD DE MÉXICO.— La divulgación de un video y grabaciones en los que aparece la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, junto a uno de sus contratistas predilectos, ha encendido los focos rojos de la política nacional y desatado una tormenta institucional por aparentes actos de corrupción y reparto de «moches».
En el material audiovisual difundido por el periodismo de investigación, se observa a Taddei Zavala reunida con el empresario José Alfredo Hernández Casillas —apoderado legal de firmas proveedoras de material electoral como Cajas Graf y vinculado a otras redes empresariales— revisando cuentas, montos de adjudicaciones y porcentajes anotados libreta en mano.
«Primero lo mío, luego lo tuyo»
El momento cumbre del registro expone la dinámica entre la titular del órgano electoral y el proveedor mientras desglosan las comisiones derivadas de contratos con el INE y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Entre los intercambios verbales resalta la frase: «Primero lo mío y luego lo tuyo», utilizada en el marco del reparto financiero de proyectos adjudicados, entre los que figuran contratos millonarios como el referente a HuBOX y otras licitaciones del rubro.
El escándalo escala tras las pesquisas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y autoridades electorales locales vienen realizando sobre bolsas de contratos que superan los 198 millones de pesos otorgados a firmas conectadas con Hernández Casillas.
Bajo fuego institucional
Las reacciones en el ámbito político no se han hecho esperar:
Sectores de oposición y analistas señalan que las evidencias audiovisuales destruyen la narrativa de imparcialidad del arbitraje electoral y exigen investigaciones a fondo que no concluyan únicamente en deslindes administrativos.
Organismos de fiscalización y autoridades correspondientes han comenzado a requerir los expedientes completos de las asignaciones para deslindar responsabilidades penales y administrativas.
La filtración de estas evidencias coloca la continuidad de la gestión del INE en su momento más crítico, bajo la sombra del tráfico de influencias, la asignación de contratos direccionados y el cobro de diezmos institucionales.
