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SCJN rechaza revocar acuerdo de Comité Evaluador del PJF que mantiene suspendidas actividades

*La ministra Yasmín Esquivel informó que en sesión privada, el Pleno de la Corte rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó reactivar los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de que el pasado 7 de enero suspendió en el ámbito de su competencia, toda actividad que implique la continuación del desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos judiciales el próximo 1 de junio.
Anteriormente, el Comité de Evaluación del PJF determinó acatar las suspensiones dictadas por el juez Primero de Distrito en Michoacán y por la jueza Sexta de Distrito en Materia Administrativa con residencia en Zapopan, Jalisco, quienes solicitaron a los Comités de Evaluación, Ejecutivo, Legislativo y Judicial no continuar con los procesos de selección de los candidatos para los cargos de jueces, magistrados y ministros.
La ministra Yasmín Esquivel dijo que en sesión privada, el pleno rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del PJF que mantiene suspendidas sus actividades: «En sesión privada, el pleno de la @SCJN rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del #PJF que mantiene suspendidas sus actividades. Con 6 votos a favor, en contra votamos el ministro Juan Luis González Alcántara, las ministras @lorettaortiza @LeniaBatres y yo. #JusticiaDePuertasAbiertas», manifestó Esquivel Mossa en redes sociales.
Sobre eso, la ministra Batres Guadarrama dijo que de mantener la suspensión de trabajos, no tendrá más efecto que dejar al Poder Judicial de la Federación sin candidatos para ese proceso.
Ante esta eventualidad, se tendrá que aplicar lo establecido en la Constitución, en su artículo 96, fracción III, que indica: «Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente.
«La decisión tomada deja abierta la posibilidad de que la SCJN aún pueda invalidar la suspensión, pues es posible que esta medida cautelar sea combatida mediante un recurso de revisión, que podría ser atraído por el máximo tribunal para su resolución definitiva», dijo la ministra Batres Guadarrama.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para que cumplan con las suspensiones de amparo y se ajusten a su obligación constitucional.
Tras las declaraciones de Taddei Zavala, quien calificó de perversa la observación que realizó la Jufed sobre las consecuencias de inobservar las suspensiones dictadas en amparo relacionadas con la implementación de la reforma judicial, la Jufed señaló que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal y no es una postura perversa, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente.
El pasado 6 de enero la Jufed advirtió que la autoridad electoral podría llevar a los ciudadanos que participen como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en conductas sancionables.
Detalló que los mexicanos deben saber que esta elección no es más que un instrumento para desmantelar el sistema de contrapesos que garantiza la democracia, anulando al PJF como instancia independiente.
«En lugar de fortalecer la confianza de la ciudadanía, este proceso consolida un régimen autocrático e iliberal, dispuesto a sacrificar la justicia, la libertad y los derechos humanos en aras de su perpetuación en el poder», detalló la Jufed.
Ayer, la asociación destacó que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción.
Abundó que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen el sistema de justicia, más aún, la Ley de Amparo refiere las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de esa inobservancia.

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