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Sector minero exige justicia y cambio de estrategia de seguridad tras tragedia en Concordia

CIUDAD DE MÉXICO – La Cámara Minera de México (Camimex) y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) emitieron un contundente posicionamiento tras los hechos violentos registrados en Concordia, calificando la situación como «inaceptable bajo cualquier criterio técnico o social».

Las organizaciones empresariales advirtieron que la falta de garantías de seguridad pone en riesgo no solo la integridad de los trabajadores, sino la viabilidad misma de la minería en el país.

Demandas clave a las autoridades

En un mensaje directo a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el sector minero enfatizó los siguientes puntos:

  • Resultados, no estadísticas: La Camimex exigió que las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) arrojen resultados concretos. Subrayaron que la justicia no debe ser una «simple estadística» y que el caso de Concordia no debe archivarse tras el hallazgo de cuerpos.
  • Prioridad de rescate: La AIMMGM exhortó a las autoridades a redoblar esfuerzos de búsqueda para localizar con vida a los siete mineros que aún permanecen desaparecidos, señalando que su regreso a casa debe ser la prioridad absoluta.
  • Seguridad como base productiva: Se reiteró que sin seguridad física para el personal, se anula la viabilidad de cualquier proyecto extractivo en México.
  • Hacia un modelo de protección preventiva

La industria minera propuso un giro estratégico en la forma en que el Estado protege las infraestructuras críticas. La propuesta central es transitar de un esquema reactivo a uno preventivo y permanente, mediante un despliegue estratégico de la Guardia Nacional en zonas de alto riesgo como Guerrero, Zacatecas y Sonora.

«El costo de la inseguridad no solo se paga en vidas, sino en el prestigio internacional de México como destino de inversión», advirtió el sector.

Riesgo de desinversión masiva

Finalmente, el gremio alertó sobre las consecuencias económicas de la impunidad. De no garantizarse el Estado de Derecho y el respeto a la dignidad humana, México enfrenta un riesgo real de desinversión masiva. Cabe recordar que la minería representa una parte fundamental del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y la pérdida de confianza podría golpear severamente la economía mexicana a largo plazo.

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