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Senado llama a cuentas a Maru Campos por presunta operación de la CIA en Chihuahua

Ciudad de México. — El Senado de la República aprobó este martes un punto de acuerdo para citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, y al fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

La medida busca que las autoridades estatales aclaren la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en operativos tácticos dentro del territorio chihuahuense.

La decisión de la Cámara Alta surge tras las revelaciones sobre un enfrentamiento en la zona serrana donde perdieron la vida ciudadanos estadounidenses.

Informes periodísticos recientes sugieren que las víctimas eran operativos de inteligencia que utilizaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para mimetizarse en labores de campo.

Contradicciones en el discurso oficial

El punto de acuerdo, impulsado por diversas fuerzas políticas, enfatiza la necesidad de esclarecer las declaraciones del fiscal Jáuregui, quien inicialmente calificó la presencia de los extranjeros como una «asesoría técnica».

Sin embargo, el uso de drones militares y la portación de insignias oficiales mexicanas por parte de agentes externos han levantado alertas sobre una posible violación sistemática a la Ley de Seguridad Nacional.

“Es imperativo determinar si el Gobierno de Chihuahua permitió que agencias extranjeras operaran con autonomía y bajo el disfraz de nuestras propias instituciones, vulnerando la soberanía nacional”, se argumentó durante la sesión en el Senado.

Los ejes de la investigación legislativa

La comparecencia se centrará en tres puntos críticos que las autoridades de Chihuahua deberán responder bajo juramento:

Bajo qué criterio legal personal de la CIA portaba uniformes y logotipos de la Fiscalía General del Estado.

La confirmación de que agentes estadounidenses operaron tecnología de vigilancia (drones) para localizar objetivos del crimen organizado, tarea estrictamente reservada a las fuerzas armadas y de seguridad mexicanas.

El papel de una supuesta oficina de enlace en Monterrey, Nuevo León, que serviría como base logística para estas incursiones en el norte del país.

Tensión política y soberanía

    Este llamado a cuentas ocurre en un clima de alta tensión entre el Gobierno Federal y la administración estatal de Chihuahua. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no se han autorizado misiones operativas extranjeras, el Senado busca deslindar responsabilidades sobre quién otorgó el «permiso táctico» para que la inteligencia estadounidense interviniera en la Sierra Madre.

    La fecha para la comparecencia se definirá en los próximos días, marcando un precedente en la fiscalización legislativa sobre la cooperación binacional en materia de seguridad.

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