FGR inicia investigaciones como acto de terrorismo.
Morelia.- La Fiscalía del estado de Michoacán ha elevado la cifra a cinco personas fallecidas por la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en la costa de Michoacán.
La Fiscalía General de la República (FGR) o la fiscalía estatal (en coordinación con las autoridades federales) está investigando el incidente bajo la hipótesis de que se trató de un «coche bomba» dirigido presuntamente por el crimen organizado (algunas fuentes señalan al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG) contra la Policía Comunitaria.
Se reportan al menos cuatro personas heridas.
El atentado se registró hoy sábado, cuando eran alrededor de las 11:40 a.m. (hora local).
El uso de vehículos explosivos es considerado un acto de alto impacto y puede ser investigado por las autoridades federales bajo cargos relacionados con terrorismo o delincuencia organizada.
El municipio de Coahuayana, ubicado en la costa de Michoacán, es una zona de alto valor estratégico y conflictividad debido a:
Su colindancia con el estado de Colima (y la cercanía al puerto de Manzanillo) lo convierte en un punto clave para las rutas del tráfico de drogas y precursores químicos.
La región es disputada principalmente por grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca tomar el control total, y las células restantes de grupos rivales.
La población local, especialmente productores agrícolas (limón, papaya, plátano), ha sido víctima constante de extorsión.
La Policía Comunitaria (o Autodefensa) de Coahuayana tiene un historial de confrontación directa con los grupos criminales:
Esta fuerza surgió, al igual que muchas otras en Michoacán, como una respuesta de los ciudadanos ante la inacción o colusión de las fuerzas de seguridad tradicionales frente al crimen organizado.
El ataque con coche bomba es visto como una represalia directa y un intento de intimidación de gran escala por parte del crimen organizado contra la fuerza que ha estado resistiendo su control territorial.
El Gobierno de Michoacán generalmente ha mantenido una postura de desaprobación o intento de desmantelamiento de las autodefensas, buscando su integración a los cuerpos oficiales. Sin embargo, en la práctica, la Policía Comunitaria atacada era la principal barrera de defensa de la población en ese momento, lo que complica la narrativa oficial.
