Cd. de México — 7 de septiembre de 202.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asestó un duro golpe al entramado financiero de Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía en la administración del gobernador Rubén Rocha Moya.
Las autoridades antilavado ordenaron el congelamiento masivo de sus cuentas bancarias, una medida que también alcanzó a su principal socio comercial, el empresario Jorge Armando Lizárraga Angulo, y a un bloque de al menos seis de sus firmas comerciales.
Frente a la embestida del órgano fiscalizador, Velarde recurrió al Poder Judicial el pasado 25 de agosto mediante un juicio de amparo para intentar revertir su inclusión en la lista de personas bloqueadas.
Sin embargo, la estrategia legal en la capital del país se topó con un freno procesal: este lunes, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México declinó competencia y ordenó transferir el expediente a los tribunales federales en Sinaloa.
La sombra tras su salida del Gabinete
Velarde Cárdenas, quien cuenta con un amplio recorrido en el ramo turístico y restaurantero, ocupó la Subsecretaría de Turismo y posteriormente se desempeñó como titular de la Secretaría de Economía de noviembre de 2024 a octubre de 2025. Su dimisión del equipo de Rocha Moya se produjo tras la conmoción generada por la desaparición de un joven duranguense en las inmediaciones de un bar en Mazatlán, del cual el exfuncionario es copropietario.
A la par, su socio en al menos ocho sociedades mercantiles, Jorge Armando Lizárraga Angulo, también busca neutralizar el Acuerdo 326/2026 de la UIF. No obstante, la jueza Tercera de Distrito le previno el pasado 4 de septiembre para que subsane deficiencias en su demanda antes de resolver sobre su admisión.
Red de empresas e inversiones bajo la lupa
El bloqueo preventivo frena las operaciones de un nutrido grupo corporativo vinculado a los empresarios, constituido previo a la incursión de Velarde en el servicio público municipal y estatal. Entre las razones sociales impactadas destacan:
Impulsora de Proyectos Veliz
Firma inmobiliaria a cargo del desarrollo Akoya Sky Living, un complejo vertical de 30 niveles en el malecón de Mazatlán proyectado para albergar un hotel y decenas de departamentos.
Operadora de Bares Veliz (OPV)
Entidad legal detrás del emblemático restaurante El Muchacho Alegre en Mazatlán, establecimiento que sufrió un ataque con artefacto incendiario en abril pasado.
Grupo Priben, Operadora La Movida Sí Me Gusta y El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte (cuyo juicio de amparo fue diferido a Tijuana por jurisdicción).
Reveses en los juzgados
La ofensiva de la UIF ya anotó su primer triunfo procesal. Este lunes, el Juzgado Cuarto de Distrito le negó a la firma OPV la suspensión provisional con la que pretendía desbloquear sus activos de forma inmediata. El juez argumentó que el interés público prevalece sobre el particular, respaldando las facultades de la UIF para indagar operaciones con presuntos recursos de procedencia ilícita o riesgos al sistema financiero.
Cabe precisar que las medidas cautelares no constituyen una sentencia ni imputación penal definitiva contra Ricardo Velarde, Jorge Lizárraga o sus corporativos. Sin embargo, la intervención de la UIF coloca bajo estricto escrutinio el brazo económico de una de las figuras más prominentes del actual sexenio en Sinaloa, abriendo un nuevo capítulo de fiscalización sobre excolaboradores del gobierno estatal.
