CIUDAD DE MÉXICO. — Con una votación de 28 votos a favor por parte del bloque mayoritario y 9 en contra de la oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 41 de la Constitución Política, a fin de establecer la «intervención extranjera» como una causal directa para declarar la nulidad de un proceso electoral federal o local.
La iniciativa, impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, avanza por la vía rápida en el marco del Periodo Extraordinario de Sesiones que arrancó formalmente este martes. El proyecto busca blindar el sistema democrático frente a las nuevas dinámicas geopolíticas y de manipulación digital externa, adicionando un inciso D a la fracción VI del citado artículo constitucional.
El catálogo de las «amenazas exteriores»
De acuerdo con el documento aprobado en comisiones, no bastará con señalar la injerencia; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá acreditar de forma objetiva que la conducta alteró el desarrollo del proceso o el resultado final de la contienda.
El dictamen tipifica un amplio catálogo de conductas consideradas lesivas para la soberanía electoral, entre las que destacan:
Financiamiento ilícito y propaganda provenientes del exterior.
Campañas de desinformación o manipulación digital coordinadas desde fuera del país.
Intervención directa de gobiernos, organismos internacionales o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas.
Presiones políticas, económicas, diplomáticas o mediáticas orientadas a alterar de forma indebida la voluntad popular.
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Durante el debate, los legisladores de oposición manifestaron su rechazo argumentando que la redacción actual de la reforma es ambigua y abre la puerta a que el gobierno en turno intente anular triunfos de minorías bajo el pretexto de «narrativas o críticas» surgidas en la prensa internacional o en organismos de derechos humanos. Señalaron que el concepto de «manipulación mediática exterior» podría usarse de manera facciosa como una herramienta de censura previa.
Por su parte, la mayoría oficialista defendió la urgencia de rellenar este vacío legal frente a riesgos modernos como los ciberataques y el financiamiento encubierto. Argumentaron que potencias mundiales e intereses extranjeros no deben tener cabida en la decisión de las urnas mexicanas, poniendo como ejemplo legislaciones similares en otros países.
La ruta hacia el Pleno
Tras superar el filtro de la Comisión de Puntos Constitucionales, se tiene previsto que el dictamen suba de inmediato al Pleno de San Lázaro entre este martes y el miércoles para su discusión en lo general y lo particular.
Al tratarse de una reforma constitucional, el bloque oficialista requerirá de la mayoría calificada (dos terceras partes de los votos) para avalar la minuta y enviarla de inmediato al Senado de la República, el cual fungirá como cámara revisora antes de que concluya el periodo extraordinario.
