CULIACÁN, SIN.— Más allá de las frías estadísticas de las carpetas de investigación, la aplicación de la ley en Sinaloa empieza a reflejar un sentido de justicia restaurativa enfocado en el bienestar de los ciudadanos.
Al cierre de los primeros cinco meses de este 2026, la Fiscalía General del Estado logró reintegrar un total de 67 millones 29 mil 988 pesos directamente a los bolsillos de las víctimas y ofendidos por diversos delitos, priorizando la reparación inmediata del daño y el alivio financiero de las familias afectadas.
Esta histórica recuperación económica fue posible gracias a la firma y cumplimiento de 1,266 acuerdos reparatorios alcanzados mediante los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
De una muestra de 1,405 asuntos canalizados a esta vía, el 90% encontró una salida pacífica y concertada entre las partes, lo que demuestra la efectividad de una justicia que escucha, concilia y evita a los afectados el desgaste emocional y económico de un juicio prolongado.
A la par de estos acuerdos que sanan el tejido social sin necesidad de cárcel, el Ministerio Público mantuvo firme la ruta del castigo a la criminalidad de alto impacto.
Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, la Fiscalía obtuvo 1,944 vinculaciones a proceso y consolidó 186 sentencias condenatorias en contra de agresores que vulneraron la paz comunitaria.
Del total de estas sentencias, 165 se resolvieron mediante procedimientos abreviados —agilizando la aplicación de la ley— y 21 se ganaron con rigor técnico en juicios orales.
El abanico de conductas castigadas abarca agravios severos que lastiman profundamente a las familias sinaloenses, tales como feminicidio (incluido el grado de tentativa), homicidio doloso, secuestro, violación, abuso sexual, corrupción de menores, robo de vehículo y violencia familiar.
La productividad de la corporación estatal mantuvo su ritmo durante las últimas semanas, ya que tan solo en el mes de mayo que acaba de concluir se dictaron 39 sentencias condenatorias (37 por procedimiento abreviado y 2 en juicio oral). Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado no solo reporta números en los tribunales, sino que envía un mensaje de certeza jurídica y acompañamiento solidario a quienes han visto vulnerados sus derechos, su patrimonio y su dignidad.
