CIUDAD DE MÉXICO.– En medio de la tormenta política y judicial que lo mantiene bajo la mira internacional, el Gobierno Federal cortó de tajo cualquier vínculo de resguardo con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante la conferencia mañanera de este martes 16 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue categórico al asegurar que el exmandatario con licencia no cuenta con un solo elemento de protección adscrito a las fuerzas federales.
La declaración del funcionario federal deslindó por completo a las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Nacional (Sedena, Semar y la propia SSPC) de la integridad del exejecutivo sinaloense, en un momento donde la presión interna y externa sobre su figura se encuentra en el punto más álgido.
«Ni la pidieron, ni se la dimos»: El deslinde de Harfuch
A pregunta expresa sobre la condición actual del político sinaloense y el resto de los exfuncionarios locales señalados recientemente en expedientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, García Harfuch aclaró que el resguardo del exgobernador corre estrictamente por la cuenta y el presupuesto local.
“Él no ha solicitado medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal”, atajó el secretario.
El titular de la SSPC detalló que el equipo de seguridad que acompaña a Rocha Moya pertenece a las corporaciones de Sinaloa, sugiriendo que la logística operativa recae en la Policía Estatal o en la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, extendió el deslinde hacia los otros nueve excolaboradores sinaloenses embarrados en las indagatorias norteamericanas: “Ninguno tiene escolta del gobierno federal (…). Ni se acercaron a pedirla. Tampoco nadie ha solicitado”.
Entre la extradición y el desamparo político
El pronunciamiento del Gabinete de Seguridad no ocurre en el vacío. Se da a la par de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en la misma sesión matutina reconoció que Washington solicitó una detención urgente con fines de extradición contra Rocha Moya y otros 10 mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Aunque el gobierno mexicano insistió hoy en que «no hay plazos establecidos» debido a la falta de pruebas concluyentes enviadas por las oficinas norteamericanas, el mensaje político de la mañanera fue demoledor en lectura local: para la Federación, la seguridad personal y el destino legal de Rubén Rocha Moya ya no son un asunto que competa al blindaje del Estado mexicano. Si hay fuego, el exgobernador tendrá que apagarlo con recursos de su propia entidad.
