Mazatlán, Sinaloa. — En un país donde ejercer el periodismo de denuncia representa un riesgo latente, el comunicador Ernesto Zepeda, editor del sitio Frente Noticias y conductor del podcast Échame la mano, ha alzado la voz para hacer pública una alarmante escalada de coacción, acoso institucional y represalias personales orquestada, según su testimonio, desde las más altas esferas del gobierno municipal de Mazatlán.
Lo que comenzó como un ejercicio genuino de dar voz a la ciudadanía, se ha transformado en un calvario personal y familiar para el periodista.
El detonante: dar voz a quien no es escuchado
A principios de junio, Zepeda comenzó a recibir y canalizar quejas ciudadanas que evidenciaban el mal actuar de diversos funcionarios de la actual administración. Su labor, enfocada en la gestión social y la resolución de problemáticas, pronto incomodó a un gobierno que, en palabras del comunicador, «no sabe hacer política y toma los temas de manera personal».
En lugar de atender las demandas ciudadanas, las autoridades municipales presuntamente optaron por la ruta de la intimidación para silenciar al mensajero.
El golpe a la familia: la bajeza de la represalia laboral
La presión trascendió la esfera pública y golpeó el núcleo más íntimo del periodista: su familia. Zepeda relata con impotencia y valentía cómo su esposa, quien laboraba en el municipio desde hace casi ocho años, fue utilizada como moneda de cambio.
Funcionarios de alto nivel lo contactaron para exigirle que borrara el contenido y dejara de publicar las denuncias a cambio de conservar el empleo de su pareja. Al negarse a comprometer su ética y ceder ante el chantaje, la administración municipal cumplió su amenaza y despidió a su esposa hace un par de semanas.
Asfixia económica y la confusión del recurso público
Al ver que el despido injustificado de su esposa no doblegó su línea editorial, la maquinaria municipal activó un segundo mecanismo de censura: el boicot económico. Zepeda, quien mantenía un contrato publicitario con el Instituto de la Juventud para difundir acciones gubernamentales, fue notificado de la intención de rescindir dicho acuerdo sin justificación alguna.
El mensaje del Ayuntamiento fue claro, pero Zepeda fue aún más contundente en su respuesta: un contrato de publicidad oficial no es un cheque en blanco para comprar el silencio ante las injusticias. «No estoy contratado para no sacar información que me llegue y que los comprometa», sentenció.
Nombres, apellidos y una alerta por su seguridad
El punto más escalofriante de la denuncia llega cuando el periodista, consciente del entorno de violencia que rodea a la prensa, lanza una pregunta que resuena como un botón de pánico preventivo: «Si no me callaron corriendo a mi esposa y no me callaron con el contrato… ¿qué sigue? Pues callarme de otra forma».
Para proteger su integridad y dejar un antecedente histórico, Zepeda ha responsabilizado públicamente a quienes señala como los autores de esta persecución, anunciando que interpondrá denuncias penales respaldadas con grabaciones y documentos probatorios. Los funcionarios señalados en su declaratoria son:
Estrella Palacios, alcaldesa con licencia.
Minerva Osuna, actual alcaldesa interina.
Moisés Ríos, secretario del Ayuntamiento.
Yenise Tinoco, exsecretaria de Presidencia.
Julio César Ramos, tesorero municipal.
El caso de Ernesto Zepeda no es solo un conflicto laboral o administrativo; es un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de los comunicadores locales. Utilizar el aparato del Estado para arruinar el sustento de una familia e intentar asfixiar económicamente a un medio de comunicación son actos de una profunda bajeza institucional.
Hoy, Zepeda no solo defiende su trabajo y el sustento de su hogar, sino el derecho de toda la ciudadanía de Mazatlán a estar informada. Su valentía al no ceder ante el chantaje merece no solo el respaldo del gremio periodístico, sino la atención inmediata de las organizaciones defensoras de derechos humanos para garantizar su seguridad y la de su familia en los días venideros.
