- El campo sinaloense no se salva con los “mejoralitos” que ofrece el Gobierno Federal frente a la crisis del maíz.
- La diputada cuestionó el cese de la titular de la UTE, señalando un retroceso en transparencia.
CULIACÁN. — La unidad entre partidos de oposición y la ciudadanía sin filiación política es la única ruta para rescatar a Sinaloa y al país del régimen actual, afirmó la diputada Paola Gárate.
Durante la conferencia de prensa del Grupo Legislativo del PRI, la legisladora lanzó un llamado a definir posturas frente a lo que calificó como una gestión que atenta contra la estabilidad nacional.
«Es hora de que la ciudadanía identifique con precisión quiénes son los que están destruyendo al país y quiénes somos los que amamos a Sinaloa y queremos vivir aquí. La elección es tan drástica como decidir entre la vida o la muerte», enfatizó.
El campo: entre promesas incumplidas y «mejoralitos»
Al abordar la crisis agrícola, Gárate calificó como un «mejoralito» el anuncio del Gobierno Federal sobre la compensación de 750 pesos por tonelada de maíz. Señaló que esta medida es insuficiente ante la demanda legítima de los productores de alcanzar un precio de 6,500 pesos por tonelada.
La legisladora denunció que existe un historial de acuerdos firmados y promesas incumplidas tanto a nivel estatal como federal. «Este apoyo solo demuestra la ineptitud y la incomprensión de un gobierno hacia los productores que han confiado y han sido engañados repetidamente», fustigó.
Asimismo, criticó la petición del Ejecutivo estatal de tener «consideración», recordando que han sido las propias autoridades quienes han llevado la actividad productiva al borde del colapso.
Opacidad y control institucional
Respecto al cese de Alejandra Pineda al frente de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), la diputada priista señaló que el movimiento carece de claridad. Recordó que fueron los propios integrantes de Morena y sus aliados quienes la ratificaron en octubre, para hoy darla de baja de forma arbitraria.
Para Gárate, este caso se alinea con la tendencia federal de debilitar los órganos de transparencia y rendición de cuentas bajo el argumento de la «simplificación administrativa».
«Cualquier organismo autónomo o ciudadano que vigile el uso del dinero público les estorba. Politizan, descalifican y cesan a quien les molesta para desviar esos recursos a sus precampañas», concluyó la diputada.
