Por Redacción
MAZATLÁN, Sin. — En una clara muestra de improvisación y ante la evidente incapacidad para frenar la ola de violencia que azota al municipio, el Ayuntamiento de Mazatlán decidió volcar la fuerza pública contra la clase trabajadora.
La alcaldesa interina, Minerva Osuna, anunció el despliegue de retenes y la aplicación de «cero tolerancia» para prohibir que dos personas viajen en una misma motocicleta, advirtiendo con decomisar y mandar al corralón los vehículos de quienes no traigan sus papeles al corriente.
La decisión —justificada por la alcaldesa bajo el argumento de que «hay un patrón de dos personas en las motocicletas cuando pasan estos sucesos»— no apunta a la inteligencia policial ni a desarticular a los grupos delictivos, sino a acorralar a miles de obreros, empleados de restaurante, repartidores y familias humildes que tienen en la moto su único medio de transporte y sustento diario.
El costo de la crisis recae en los bolsillos de abajo
Mientras las familias mazatlecas aún enfrentan el luto y la psicosis por la muerte de inocentes atrapados en el fuego cruzado, la respuesta gubernamental fue ir por el de abajo.
Para la clase trabajadora, la orden de impedir que dos personas viajen en una moto y el amago de retenes representa una doble agresión:
Golpe a la economía familiar:
Reducir el transporte a un solo pasajero obliga a las familias a duplicar gastos en gasolina o pasajes de autobús para trasladar a sus parejas hacia sus centros de trabajo o a sus hijos a las escuelas.
Cacería administrativa
La amenaza de quitarle la moto a quien «no traiga papeles» se convierte en una vía expedita de acoso contra quienes, sofocados por la crisis económica, se han rezagado en el pago de placas o licencias.
«¿Llegando a tiempo?»: La desconexión con la realidad
Al ser cuestionada sobre si habrá cambios en la corporación o en los mandos ante los hechos donde han caído ciudadanos inocentes, la presidenta interina defendió a la policía municipal asegurando que «está en la cuestión preventiva, siempre llegando a tiempo». Acto seguido, trasladó la responsabilidad de la contención directamente al Ejército.
Finalmente, al referirse al temor de los turistas para visitar el puerto tras los recientes tiroteos, la munícipe atinó a responder: «Yo no les puedo prohibir que vengan».
Así, mientras el gobierno municipal se escuda en las cifras del sector hotelero y lava sus manos ante la crisis de seguridad, la respuesta oficial en las calles será apretar la tuerca contra el trabajador, el taquero, el mecánico y el repartidor que diariamente salen a ganarse la vida sobre dos ruedas.
