CULIACÁN.-– En un acto de justicia social, las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformas y adiciones a la Ley de Atención y Protección a Víctimas y a la Ley de Hacienda de Sinaloa. Con esto se establece formalmente la exención de pagos por conceptos de grúa, traslado y pensión a las personas que hayan sido víctimas del delito de robo de auto.
El correspondiente dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, recibió el respaldo total de las fuerzas políticas con 39 votos a favor y ninguno en contra. Tras la votación, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, instruyó la expedición del decreto respectivo.
Los detalles de la reforma legal
Las modificaciones legislativas blindan la economía de los afectados mediante adiciones específicas a dos marcos normativos:
Ley de Atención y Protección a Víctimas
Se adicionó la fracción IX al artículo 67, la cual estipula explícitamente:“La exención de pagos a la víctima del robo de vehículo por los servicios de guarda en los depósitos y pensión de tránsito, arrastre, traslado, siempre que acrediten tener la calidad de víctima del delito de robo vehicular”.
Ley de Hacienda del Estado
Se incorporó el artículo 48 Bis, determinando que quedan exentas del pago de los derechos contemplados en las fracciones XI, XII y XIV del artículo anterior las personas que hayan sufrido este delito en la entidad.
Las fracciones mencionadas de la Ley de Hacienda regulan las tarifas diarias que se aplican por el resguardo en la pensión de Tránsito, el arrastre de grúas y los trámites de búsqueda de información ante autoridades fuera del estado. Con este cambio, el ciudadano ya no tendrá que pagar por recuperar el patrimonio que le fue arrebatado.
Origen de la iniciativa
Esta reforma es el resultado de la unificación de cuatro iniciativas ciudadanas y parlamentarias presentadas previamente por:
El Grupo Parlamentario de Morena.
El Grupo Parlamentario del PAS, en conjunto con las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez.
El Grupo Parlamentario del PRI.
El ciudadano Rafael Izábal Sanz.
Con esta resolución, el Poder Legislativo busca mitigar el impacto financiero y burocrático que padecen los sinaloenses tras sufrir el robo de sus unidades motoras.
