WASHINGTON / CIUDAD DE MÉXICO.– En una drástica e histórica escalada de tensión bilateral, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a sus fiscales federales utilizar leyes antiterroristas para perseguir a funcionarios y políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico.
La consigna de la administración de Donald Trump es contundente: triplicar de inmediato los expedientes y las acusaciones contra los servidores públicos que brinden protección al crimen organizado.
La nueva directriz, revelada originalmente por el diario The New York Times, fue dictada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto de EE. UU., durante una teleconferencia interna de carácter urgente celebrada con los 93 fiscales federales de ese país.
«No me importa si se ofenden»
Durante la llamada con las oficinas regionales, Singh utilizó un lenguaje inusualmente duro e inflexible, dejando en claro que la diplomacia ha quedado en segundo término para la Casa Blanca.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, instruyó Singh a sus colegas, según reveló una fuente de alto nivel al Times.
Al ser cuestionado internamente sobre el impacto diplomático que esta medida provocará en el gobierno mexicano, el subprocurador fue tajante:
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, sentenció. “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”.
El peso de las Leyes Antiterroristas
El viraje estratégico responde a la designación que hizo Washington de los cárteles latinoamericanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Bajo este nuevo marco legal, los políticos vinculados al narcotráfico ya no solo serán procesados por corrupción o conspiración para distribuir estupefacientes, sino por el delito federal de brindar apoyo material a organizaciones terroristas, lo que automáticamente eleva las penas a cadenas perpetuas y elimina beneficios procesales ordinarios.
Sacudida directa a Sinaloa
Esta ofensiva de la justicia norteamericana no es una advertencia al aire. La directiva del Departamento de Justicia se da apenas dos semanas después de que se formalizaran los cargos en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y excolaboradores de la entidad.
A este escenario se suma la confirmación de la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, lo que confirma que el ojo del huracán judicial de Washington está centrado, prioritariamente, en la estructura política sinaloense. El golpe amenaza con cimbrar de manera definitiva el tablero rumbo al proceso electoral de 2027.
