Por: Víctor Flores
En los altos círculos políticos conectados a Palacio Nacional la narrativa ha dado un vuelco dramático: el margen político para proteger a Rubén Rocha Moya se agotó.
El plan original de permitir su retorno a la gubernatura en un plazo de 30 días ha sido desechado y enviado directamente a la trituradora de papel.
Lo que aceleró los relojes en la capital no fue una epifanía de justicia, sino un miedo fundado a la advertencia de Donald Trump.
En el gabinete estratégico ya entendieron que Washington no bromea cuando dice que podría «hacer el trabajo» por su cuenta, ya sea mediante intervenciones quirúrgicas o extracciones directas de objetivos prioritarios.
A esto se suma la amenaza real del cierre de consulados mexicanos en territorio estadounidense, una medida que asfixiaría la relación bilateral.
En los sectores racionales de Palacio Nacional ya asumieron que Rocha es apenas la punta del iceberg. Ante la inminente revelación de una lista de 20 funcionarios adicionales conectados con el crimen organizado —entre los que figuran no menos de cinco gobernadores—, el Gobierno Federal ha decidido tomar la iniciativa.
La consigna es clara: «Autolimpieza» para evitar la tutela extranjera.
Para impedir que el Departamento de Justicia de EE. UU. dicte la agenda política de México durante los próximos años, el plan es quitarle la bandera a Washington lo antes posible.
No se extrañe si pronto la FGR anuncia que ha decidido procesar a Rocha Moya. Para el sistema, es infinitamente mejor tenerlo en una prisión mexicana, bajo control y vigilancia institucional, que verlo en una corte de Nueva York «cantando como canario» sobre la estructura del sistema político actual.
La sentencia de muerte política del gobernador con licencia ya se ha dictado. En Morena, el termómetro es infalible: ya nadie mete las manos al fuego por él. En la liturgia del poder, cuando se deja de defender a un aliado bajo fuego, es porque su destino ya fue pactado en la mesa de sacrificios.
Haga de cuenta que estamos ante un ajedrez de alta tensión donde la pieza del Rey (el proyecto de la 4T) entrega a una Torre (Rocha Moya) para evitar un «jaque mate» proveniente de la Casa Blanca.
Con este movimiento se busca contener una crisis de gobernabilidad que no solo golpearía la popularidad de la Presidenta Sheinbaum, sino que espantaría la inversión extranjera.
Esta «bomba» dejó de ser un asunto criminal para convertirse en una amenaza macroeconómica.
La administración parece haber entendido que para salvar el proyecto hay que soltar el lastre, sin importar que ese lastre haya sido una pieza clave en el mapa electoral.
El fin de la era de la «tolerancia o negación» ha llegado. Habrá que estar muy pendientes de los acontecimientos en las próximas horas.

En otro orden de ideas… Nos cuentan que el Químico Luis Guillermo Benítez Torres, quien fuera una de las estrellas favoritas del obradorismo en Mazatlán, es hoy el testigo fiel de lo que sucede cuando un «activo» se vuelve una «pieza desechable» en ese movimiento.
Es una muestra de cómo el poder devora a sus propios hijos.
El Químico, que alguna vez tuvo posibilidades reales de brincar de la alcaldía de Mazatlán a la gubernatura, terminó descarrilado y defenestrado mediáticamente por el entonces dueto Rocha-Inzunza.
Hoy, Benítez intenta emprender la travesía de un “rescate de la verdadera transformación en 2027” desde su agrupación “Morenos de Corazón”. Ya veremos qué tanto eco encuentra en los altos mandos, o si su caso queda como un ejemplo del «karma político» en su máxima expresión.
NOTICIA DE ULTIMA HORA: CONFIRMAN A ROCHA MOYA EN LA LISTA NEGRA DE LA UIF
Periodistas capitalinos como Ignacio Gómez Villaseñor, especialista en temas de Cibernética difundieron en sus cuentas de X que el ex gobernador Rubén Rocha fue incorporado a la lista negra de la UIF.
El periodista hizo ver que también fueron objeto de lo mismo las otras nueve personas señaladas en la investigación de la Fiscalía de Nueva York por nexos con el narcotráfico y diversos delitos.
Incluso el periodista, Salvador Mejia, @ESEMEJIA, experto en temas de lavado de dinero, añadió que habría más personas físicas y morales (empresas) que también fueron incluidas en esta lista.



