MÉXICO. – Lo que inició como una acusación criminal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha escalado a un colapso financiero para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Pese a la postura de cautela del Gobierno Federal, especialistas confirman que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el sistema bancario han comenzado el bloqueo sistemático de sus cuentas y las de su círculo cercano.
El «Efecto Dominó» en el Sistema Bancario
De acuerdo con información revelada por el especialista en prevención de lavado de dinero, Salvador Mejía, en entrevista con la periodista Adela Micha, diversas instituciones bancarias han ejecutado bloqueos preventivos por mitigación de riesgo.
Estas medidas no dependen necesariamente de una orden judicial inmediata, sino de los protocolos internacionales de cumplimiento (compliance).
Al ser señalado formalmente por narcotráfico y nexos con la facción de «Los Chapitos», Rocha Moya se convierte en un «cliente de alto riesgo», obligando a los bancos a congelar sus activos para evitar sanciones de organismos internacionales como la OFAC en Estados Unidos.
Alcance de la «Lista Negra»
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF no se limita al mandatario estatal, sino que se extiende a una red compleja que incluye:
Los 9 señalados por la Fiscalía de NY: Funcionarios y excolaboradores cercanos a la administración estatal.
Cuentas de familiares directos que presentan movimientos inusuales.
Empresas y entidades comerciales presuntamente utilizadas como fachada para el blanqueo de capitales.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura pública de solicitar «pruebas sólidas» a Washington antes de proceder con la extradición, el margen de maniobra técnica se agota.
Expertos señalan que, bajo el Artículo 7 de las leyes de instituciones de crédito, el Estado mexicano tiene poco espacio para la interpretación si existen alertas internacionales de lavado de dinero.
El bloqueo de cuentas representa el primer paso firme en el desmantelamiento de la estructura financiera que, según Estados Unidos, brindaba soporte operativo al Cártel de Sinaloa desde el poder público.



