Felipe Guerrero Bojórquez
¿De verdad creen que a los delincuentes les importa el aumento de penas?
¿De verdad alguien en el gobierno cree que un extorsionador o un halcón se detiene a reflexionar frente al Código Penal y se pregunta: “¿lo hago o no lo hago?”
¿En serio piensan que el crimen organizado se disuade con reformas legislativas y no con acción policial real, frontal y constante?
La extorsión y el halconeo ya son delitos y no necesitaban nuevas leyes para ser combatidos.
Necesitaban Estado de Derecho, no rollos.
Podrán imponer 15, 25 o hasta 42 años de prisión, incluso cadena perpetua si quieren, pero si la ley no se aplica, si no hay investigaciones serias, si no se desmantelan las redes criminales y sus vínculos con el poder, todo será simulación aprobada desde una curul. Puro choro, dice la raza.
La experiencia lo demuestra.
Ahí está el secuestro: uno de los delitos más reformados, endurecidos y “castigados” en los códigos penales; y también uno de los que más ha crecido.
¿Por qué? Porque en un país donde no se aplica la ley, los delincuentes saben que la impunidad es la verdadera pena vigente. En México, es más productivo y seguro ser delincuente orgánico que ciudadano honesto. Lo que los criminales hacen no es aislado, es estructural.
El problema no es solo el delincuente que extorsiona o vigila. El problema es el binomio gobierno–delincuencia. Una relación oscura, funcional, muchas veces silenciosa, donde la omisión y la colusión son parte del engranaje.
En el caso de la extorsión, la evidencia es pública:
quienes cobran cuotas ilegales, el infame “cobro de piso”, operan protegidos, con información privilegiada, con rutas claras, con respaldo desde las entrañas del aparato público. Todo mundo sabe quiénes son menos la policía, o al menos eso fingen.
Las denuncias, incluso las anónimas, no protegen a las víctimas. Al contrario, muchas terminan en amenazas de muerte o en ataques fatales.
Porque la mejor fuente de información para los criminales está en las áreas judiciales y en las corporaciones policiales.
Sinaloa es el ejemplo más reciente y más crudo.
En abril de 2025 se aprobó la ley contra el halconeo.
¿Resultado? La vigilancia criminal no disminuyó, se multiplicó.
Cientos de jóvenes en motocicleta se adueñaron de las ciudades. Vigilan abiertamente a las fuerzas federales. Circulan sin casco, a toda velocidad, con radios en la mano. No se esconden. Se exhiben.
Y no hace falta denuncia, los ve todo mundo,
menos los agentes de tránsito, que prefieren voltear la cara. Eso sí, son muy eficientes para montar retenes y extorsionar al ciudadano que usa la moto para trabajar.
Ahí está la prueba viva de cómo la estructura oficial opera por omisión o colusión con la estructura fáctica. Entonces la pregunta es inevitable:
¿para qué sirven estas reformas?
La ley contra el halconeo promete penas de hasta 15 años de prisión, multas severas y agravantes si se usan menores o personas vulnerables.
La ley general contra la extorsión ofrece hasta 42 años de cárcel, sin beneficios penitenciarios, fiscalías especializadas, denuncias anónimas y persecución de oficio.
Todo suena bien. Todo luce contundente, pero todo fracasa si quienes deben aplicar la ley, al final, forman parte del problema.
El Estado no se reconstruye endureciendo penas.
Se reconstruye rompiendo la complicidad, limpiando corporaciones, castigando funcionarios, desmontando redes de protección y recuperando el monopolio legítimo de la fuerza.
Mientras eso no ocurra, las reformas seguirán siendo simulación legislativa, y el crimen seguirá operando con la certeza de que la ley solo existe en grandes volúmenes, pero la justicia no.
Para qué tanto brinco….
