Felipe Guerrero Bojórquez
En Sinaloa hay liderazgos opositores cuyas aspiraciones están en riesgo. Pero también, por la feroz coyuntura interna que vive Morena, existen figuras dentro del propio movimiento que hoy podrían ser eliminadas políticamente por la vía leguleya… o de otra manera.
Y en Sinaloa eso significa todo.
Desde una campaña mediática sucia para destruir la imagen pública de una candidatura; la fabricación de expedientes y litigios electorales para anular adversarios en tribunales; hasta la posibilidad de atentados físicos que, en el contexto histórico reciente del estado, ya no pueden descartarse como simple paranoia política.
Quien hoy se encuentra en esa circunstancia es la senadora Imelda Castro.
De acuerdo con fuentes consultadas, desde el propio centro del poder nacional le han recomendado extremar precauciones ante la posibilidad real de que sea designada Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, es decir, virtual candidata de Morena a la gubernatura de Sinaloa.
Y ahí está el verdadero fondo del conflicto.
Porque esa eventual candidatura no surgiría del grupo que hoy controla el aparato estatal. Y eso representa un riesgo político mayor para quienes construyeron compromisos, estructuras y mecanismos de poder durante este sexenio… y pretenden conservarlos más allá de 2027.
En estos momentos, más allá de la oposición externa, Imelda Castro se ha convertido en el principal obstáculo interno para el grupo dominante.
Uno que, por cierto, nunca se ha distinguido precisamente por sus métodos democráticos.
Contra la legisladora se ha desatado una campaña mediática perfectamente identificable. Los mensajeros los delatan. Pero además, se ha activado una estrategia jurídica utilizando aliados “opositores” que convenientemente la denuncian ante el Tribunal Electoral por presuntos actos anticipados de campaña.
Curiosamente, esa misma “oposición” guarda absoluto silencio frente a los demás aspirantes bendecidos desde el poder estatal, quienes siguen recorriendo Sinaloa sin consecuencia alguna.
Aunque el senador Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez quedaron severamente golpeados en sus aspiraciones tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, el control de las instituciones centrales del estado sigue intacto.
Y sigue teniendo un solo apellido: Inzunza.
No hay duda de que el senador oriundo de Badiraguato mantiene enorme influencia en el Poder Judicial; que buena parte de la mayoría legislativa le responde políticamente; y que los altos mandos de la Fiscalía forman parte de su grupo de poder.
Pero, sobre todo, existe una percepción ampliamente extendida en Sinaloa: que las decisiones importantes del Tribunal Electoral pasan inevitablemente por ese círculo político, donde además es Aída Inzunza, hermana del senador, la presidente.
Eso explica, sin demasiado esfuerzo mental, la cascada de denuncias electorales dirigidas específicamente contra Imelda Castro. Los antecedentes son demasiado claros como para ignorarlos.
Hace exactamente un año, durante la toma de protesta del rector de la UAS, Jesús Madueña, el entonces gobernador en funciones, Rubén Rocha, convirtió un acto académico en un mensaje político directo contra la senadora. Desde el pódium le lanzó una frase que sonó más a advertencia que a broma:
«Saludar a mi compañera de fórmula, la senadora… nada más que me dejó en el camino y luego la agarró por su cuenta. Ya es la segunda que va. Pero además, como que no te veo muchas ganas de terminar de senadora… pero tú sabrás lo que haces».
Más claro, imposible.
Y es que en este sexenio, quienes se atrevieron a desafiar al poder local terminaron pagando costos políticos operados con métodos extremos.
Luis Guillermo Benítez en Mazatlán. Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán. Gerardo Vargas en Ahome. Todos fueron removidos de sus cargos legítimos de alcaldes mediante litigios polémicos, utilizando el Congreso y estructuras judiciales bajo control político.
Y en medio de ese escenario ocurrió el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Un crimen que sigue sin esclarecerse a profundidad.
Días antes de ser asesinado, Cuén responsabilizó públicamente a Rubén Rocha y a Enrique Inzunza si algo le ocurría a él o a su familia.
Después vino la revelación de Ismael “El Mayo” Zambada, quien afirmó que el día de su secuestro acudiría a una reunión donde estaría presente Rocha Moya.
La historia posterior ya es conocida.
Más tarde ocurrió el atentado contra Sergio Torres, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y actor político que comenzaba a convertirse en pieza clave rumbo al futuro electoral de Sinaloa.
Sobrevivió. Pero quedó políticamente desactivado.
Hasta hoy, el caso permanece prácticamente congelado.
¿Y los autores intelectuales?
En el imaginario popular de Sinaloa, la flecha apunta sola.
Por eso la circunstancia de Imelda Castro debe observarse con extrema cautela. Porque es la única figura interna de Morena que decidió desafiar abiertamente al poder local, pese a las advertencias públicas. Y porque todo indica que su nombramiento como Coordinadora Estatal de Morena podría concretarse el próximo 22 de junio.
Todavía hay quienes, desde el poder local, creen posible imponer una candidatura de absoluta confianza. Por eso, para ciertos grupos, resulta urgente encontrar la manera de hacer a un lado a Imelda Castro.
De ahí la alerta.
Y también la recomendación: cuidarse.
