Felipe Guerrero Bojórquez
Morena está llegando al extremo. Está estirando la liga con una obsesión cada vez menos disimulada: perpetuarse en el poder, blindarse de cualquier cuestionamiento y convertir la crítica en pretexto de persecución política.
La reforma que pretende elevar la llamada “injerencia extranjera” a causal de nulidad electoral no sólo es peligrosa: es deliberadamente ambigua. Y ahí radica precisamente su mayor riesgo. No define con claridad qué debe entenderse por injerencia, no acota alcances, no fija límites objetivos y, por lo mismo, abre la puerta a que cualquier señalamiento proveniente del exterior pueda ser manipulado al gusto del poder.
Eso destruye el principio de certeza. Lo dijo incluso Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena y ministra en retiro, al advertir que estamos frente a una “norma abierta” que “se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos”. Es decir: una redacción tan laxa que permite acomodar lo que convenga políticamente en el momento que electoralmente se ocupe.
Y ahí está el fondo del asunto: no parece una reforma para defender la soberanía, sino para proteger al régimen de las críticas internacionales. Porque cuando desde fuera se señala a México como un país donde el crimen organizado tiene poder territorial, capacidad de intimidación electoral y presunta influencia en campañas políticas, el oficialismo no responde con transparencia ni con investigaciones serias. Responde negando, pidiendo pruebas, en lugar de hacer su parte: investigar. Ahí está el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado de presuntamente tener ligas con el narco.
El cálculo parece obvio. El régimen ya sabe que en el contexto de las campañas, habrá denuncias en su contra por la injerencia del narco, pero quiere poner un escudo para que todo lo que se diga del exterior al respecto, usarlo en contra de los opositores.
Si arrecian desde el exterior los señalamientos de narco estado, si crecen las acusaciones sobre presuntos vínculos entre poder político y crimen organizado, entonces el gobierno podría buscar presentar esas denuncias como “intervención”, trasladar la responsabilidad a la oposición y hasta abrir la puerta a la anulación de una elección bajo criterios completamente discrecionales.
Lo más escandaloso es lo que la reforma calla. Morena y sus legisladores no tocan el verdadero elefante en la sala: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Ese sí es el señalamiento más grave y más constante, dentro y fuera del país. Ese sí contamina candidaturas, campañas, territorios y resultados. Pero a sus presuntos socios no los tocan. Para ellos no hay indignación legislativa, ni urgencia constitucional, ni defensa de la democracia.
En cambio, sí quieren darle trato de “injerencia” a las críticas, denuncias y cuestionamientos que vienen del extranjero sobre la deriva autoritaria del régimen o sobre el financiamiento criminal de campañas. Es decir, no persiguen la intromisión real del narco; persiguen la exposición pública de esa realidad.
La oposición tiene razón al advertir que esta reforma nace del miedo, de la intolerancia y de una idea torcida de soberanía. Porque la soberanía no se defiende silenciando señalamientos que irritan al poder, sino garantizando elecciones limpias, instituciones confiables y gobiernos libres de sospecha criminal.
Si de verdad quisieran proteger la voluntad popular, estarían cerrando el paso al dinero sucio, a la coacción armada y a la captura territorial del voto. Pero no. Prefieren dejar intacta la intervención del crimen y concentrarse en fabricar un instrumento jurídico para convertir la crítica externa en amenaza electoral.
Y como si no bastara, al mismo tiempo avanzan en otra reforma para aplazar la elección judicial hasta 2028, reconociendo de facto que el bodrio que aprobaron hace menos de dos años nació mal y sigue peor. No corrigen el fondo, sólo patean el bote. Mantienen la tómbola, enredan el diseño institucional, no resuelven contradicciones constitucionales y siguen ignorando la infiltración partidista y criminal en las candidaturas judiciales.
Lo de Morena ya no es reforma, es legalizar el control. Tampoco es soberanía, se trata de blindar su miedo a perder el poder. Todo es premeditación y cálculo político.
Quieren un país donde el crimen organizado no cuente como injerencia, pero donde una crítica internacional sí pueda servir como excusa para reventar elecciones.
Ese es el tamaño del despropósito.
