Xalapa, Ver. — El pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó este martes el juicio de procedencia que retira la inmunidad procesal al presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, derivado de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) que lo señalan por su presunta implicación en el secuestro y homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La resolución se concretó durante una sesión llevada a cabo a puerta cerrada en el recinto legislativo, donde el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación y Juicio Político obtuvo 40 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por su parte, la oposición —integrada por Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y legisladores independientes— sumó 8 votos en contra.
Antecedentes e investigación penal
La solicitud emitida por la FGE se fundamenta en las líneas de investigación abiertas tras la privación ilegal de la libertad de Roxana Guzmán, directora del portal periodístico Pulso Informativo del Sureste, ocurrida a principios de junio en el municipio de Nanchital, y cuyo fallecimiento fue confirmado formalmente por las autoridades un mes después.
Como parte de este mismo caso, previo al dictamen contra el edil, las fuerzas del orden procedieron con la detención de cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste —incluyendo a su comandante—, quienes se encuentran a disposición de las autoridades judiciales por su presunta participación en los hechos.
El alcalde González Martínez no acudió a la sede del Poder Legislativo y delegó su representación en su cuerpo jurídico. La defensa del munícipe argumentó la falta de elementos probatorios sólidos para fundamentar la acusación, señalando que el proceso responde a motivaciones de índole política. Asimismo, los abogados interpusieron un alegato donde aseguraron que parte del material presentado por la representación social consiste en evidencia fotográfica alterada digitalmente.
Con la pérdida del fuero constitucional aprobada por la legislatura local, la Fiscalía de Veracruz queda facultada legalmente para actuar penalmente contra el edil, citarlo a comparecer o girar la orden de aprehensión correspondiente según determine el juez de la causa.
