CULIACÁN, SINALOA – A través de un comunicado oficial, el Centro Patronal de Sinaloa (COPARMEX) manifestó su «profunda preocupación» ante las recientes acusaciones de la Fiscalía de Nueva York contra diversos actores políticos del estado, incluido el titular del Poder Ejecutivo estatal. El organismo advirtió que la incertidumbre institucional no debe distraer a las autoridades de las crisis urgentes que atraviesa la entidad.
La organización empresarial enfatizó que Sinaloa vive una crisis sostenida desde hace más de 20 meses. Según los datos presentados por COPARMEX, el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 2024 y el 29 de abril de 2026 arroja un saldo crítico en materia de seguridad:
3,155 homicidios dolosos (un promedio de 5.3 diarios).
3,686 personas privadas de la libertad (6.2 diarias).
10,881 vehículos robados (18.2 diarios).
El comunicado denuncia que los enfrentamientos entre grupos delictivos ocurren incluso en horarios de alta afluencia civil, dejando a las víctimas en condiciones de desprotección y revictimización.
Impacto económico: Desempleo y cierre de empresas
El ámbito económico muestra un panorama igualmente desalentador. COPARMEX estima que, en el mismo periodo, la entidad ha sufrido pérdidas estructurales que ponen en riesgo la estabilidad social:
Pérdida de más de 20,000 empleos formales.
Baja de aproximadamente 11,000 empleadores.
El sector empresarial señala la ausencia de apoyos efectivos para la reactivación económica, subrayando que la falta de una estrategia clara está empujando al estado hacia una situación crítica de desempleo.
Exigencia de certidumbre
Para COPARMEX, es imperativo que el contexto judicial actual no se convierta en una distracción para resolver los problemas prioritarios. El organismo hizo un llamado firme a las autoridades para:
Priorizar la seguridad y contener el riesgo que afecta a las familias sinaloenses.
Garantizar la certidumbre institucional y fortalecer el estado de derecho.
Fomentar la inversión y la generación de empleo para frenar la caída económica.
«La sociedad sinaloense no debe asumir los costos de la incertidumbre institucional», concluye el documento.




