SAN JOSÉ, COSTA RICA.— En una medida sin precedentes para la seguridad regional de América Central, el gobierno costarricense encabezado por la presidenta Laura Fernández Delgado decretó de manera oficial la clasificación de seis cárteles del narcotráfico mexicano y tres grupos armados colombianos bajo la categoría legal de organizaciones narcoterroristas.
El anuncio se realizó durante la ceremonia de inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, recinto diseñado para albergar a los perfiles criminales de mayor peligrosidad en la nación centroamericana.
Cárteles y grupos delictivos designados
La declaratoria alcanza a las principales estructuras del crimen organizado transnacional con presencia e influencia operativa en las rutas marítimas y terrestres del istmo:
Cárteles de origen mexicano
Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Organizaciones insurgentes y paramilitares de Colombia
Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Alcance jurídico y persecución financiera
Esta designación otorga un marco normativo reforzado a los tribunales, los cuerpos policiales y las unidades de inteligencia financiera de Costa Rica. Entre las facultades operativas que se activan con el decreto destacan:
Inmovilización inmediata de activos
Embargo preventivo y congelamiento de cuentas bancarias o propiedades vinculadas a presuntos testaferros o redes logísticas.
Agravamiento de penas y tipificación penal
Persecución punitiva directa por delincuencia organizada y terrorismo, lo que invalida beneficios penitenciarios o atenuantes procesales.
Intercambio de inteligencia internacional
Fortalecimiento de los protocolos bilaterales de extradición y cooperación táctica con agencias de seguridad de Estados Unidos y América Latina.
La decisión del Ejecutivo costarricense busca frenar la penetración de las bandas criminales en la infraestructura portuaria y fronteriza del país, consolidando un frente judicial común contra el narcotráfico en la región.
