CIUDAD DE MÉXICO.— Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de Morena en Nuevo León, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para interponer dos denuncias penales por presuntos desvíos de recursos y corrupción. La primera está dirigida contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y su entorno familiar, mientras que la segunda señala al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.
Durante la presentación del recurso legal, la dirigente estuvo acompañada por el senador Alejandro Murat Hinojosa y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes respaldaron institucionalmente la acción ante la autoridad federal.
Red familiar y alcaldía de Monterrey en la mira
La primera querella responsabiliza al mandatario neolonés, a su esposa Mariana Rodríguez, a su padre Samuel Orlando García Mascorro y a otros posibles involucrados por presuntas conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada, peculado, cohecho y tráfico de influencias. De acuerdo con Flores, la denuncia se fundamenta en hallazgos sobre supuestas triangulaciones financieras y contrataciones irregulares.
La segunda acusación formal se presentó en contra del presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, en torno a la firma de un contrato de alumbrado público con la empresa Next Energy, el cual habría comprometido recursos presupuestales por un monto estimado de 7 mil 370 millones de pesos.
«El servicio público no es un negocio personal. Los recursos públicos no son patrimonio de una familia. Exigimos cuentas claras y seguir la ruta del dinero», aseveró Flores al término de la entrega del documento.
Petición a órganos fiscalizadores
La representación de Morena solicitó formalmente la coadyuvancia e intervención de diversas instituciones del Gobierno de la República para rastrear los movimientos bancarios y la ejecución de los contratos señalados:
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Para auditar cuentas, transferencias y posibles operaciones con recursos de origen ilícito.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Para revisar la situación fiscal de las personas físicas y morales involucradas.
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Para aportar los informes de fiscalización correspondientes a la cuenta pública del estado y del municipio.
Corresponderá al Ministerio Público de la Federación integrar la carpeta de investigación y determinar si existen los elementos jurídicos necesarios para proceder penalmente en contra de los señalados.
