Culiacán, Sinaloa. — Tras el reciente atentado a su tranquilidad mediante el envío de una corona fúnebre a las puertas de su domicilio, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate, alzó la voz para denunciar públicamente una grave discrepancia y simulación por parte de las autoridades estatales respecto al esquema de protección que supuestamente se le ha brindado.
La legisladora arremetió contra las declaraciones mediáticas de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, evidenciando que el discurso oficial dista severamente de la realidad que enfrentan quienes ejercen la oposición en la entidad.
De acuerdo con el testimonio de Gárate, luego de que Bonilla Valverde asegurara ante medios de comunicación locales y nacionales que la priista ya contaba con el debido resguardo policiaco, la propia Guardia Nacional se comunicó con ella para notificarle los términos reales de la protección: un simple acompañamiento restringido a traslados oficiales o situaciones específicas de riesgo.
«Entonces yo me pregunto: ¿cómo funciona eso? ¿La amenaza existe solamente cuando voy camino al Congreso? ¿Cuando llego a mi casa deja de existir? ¿Cuando estoy con mi familia ya no hay riesgo?», cuestionó con severidad la legisladora, poniendo en jaque el criterio de las fuerzas federales y estatales.
Un ataque directo al entorno familiar
La diputada local enfatizó que el acto de intimidación no ocurrió en el recinto legislativo ni en una oficina pública, sino en la intimidad de su vida privada, un factor que eleva el nivel de vulnerabilidad de su entorno.
«Quienes dejaron esa corona no fueron a buscar a una diputada en una oficina. Fueron a un domicilio particular. Fueron a mi hogar, donde saben que vivo», denunció, recordando que antes de su investidura como servidora pública es ciudadana, mujer, hija y hermana.
Exigen fin a las declaraciones «para salir del paso»
Con un marcado enfoque de denuncia política, Paola Gárate exigió al Ejecutivo estatal que dejen de utilizarse las garantías de seguridad como una narrativa de relaciones públicas o discursos de ocasión. Sostuvo que este tipo de amagos son el costo de mantener una postura crítica, de señalar y de exigir respuestas claras sobre la crisis que atraviesa Sinaloa.
Finalmente, la legisladora hizo un llamado enérgico a que el asunto se atienda con la seriedad jurídica y operativa que amerita, rematando que el ejercicio de la libre expresión y la labor legislativa no deberían costar la paz familiar: «Lo único que pido es que se diga la verdad (…). Porque la seguridad no debe ser un discurso; debe ser una garantía».
