CIUDAD VICTORIA, TAM. – Una grave acusación de extorsión y persecución política sacude a la administración estatal de Tamaulipas, luego de que el empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez denunciara públicamente a Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya, de exigirle un soborno de 110 millones de pesos para mantener vigente un millonario contrato de despensas.
El denunciante afirmó que, tras negarse a pagar dicha cantidad, el Gobierno del Estado le canceló de manera unilateral el contrato de distribución de paquetes alimenticios, iniciando en su contra una serie de represalias legales y financieras que hoy lo mantienen bajo la medida cautelar de arraigo.
El origen del conflicto: El cobro del «moche»
De acuerdo con el testimonio de Valdez Sánchez, los hechos se remontan a principios de 2023, cuando su empresa obtuvo la adjudicación para operar el programa estatal de distribución de despensas, el cual contemplaba la entrega de casi dos millones de paquetes de apoyo social.
El empresario sostiene que operadores políticos vinculados directamente a Américo Villarreal Santiago le condicionaron el arranque del programa a cambio de un «moche» de 110 millones de pesos. Según el desglose presentado por el afectado, los extorsionadores le exigieron dividir el pago: 80 millones de pesos para la estructura operativa local y 30 millones de pesos destinados a la cúpula estatal.
«Sé que tengo en riesgo mi vida y la de mi familia, y todo esto por no acceder a un ‘moche’ de 110 millones que me pedían. No lo permití y hoy estoy pagando las consecuencias», manifestó el empresario en un video difundido en medios nacionales.
Rescisión, demandas y arraigo
Tras rechazar la exigencia económica ilegal, el empresario relató que el gobierno tamaulipeco comenzó a obstaculizar la operación y finalmente rescindió el contrato, a pesar de que la compañía ya había realizado inversiones millonarias en el arrendamiento de bodegas, logística, transporte y la adquisición de insumos básicos.
Aunque Valdez Sánchez interpuso un juicio de nulidad y obtuvo inicialmente un fallo favorable que ordenaba restituir el contrato, denunció que funcionarios de la Secretaría General de Gobierno intentaron presionarlo para que se desistiera del litigio a cambio de «futuros contratos». Al no ceder, el Tribunal Administrativo local dio marcha atrás a la resolución original.
Posteriormente, la situación escaló al terreno penal. El empresario enfrenta actualmente un proceso bajo arraigo domiciliario y el congelamiento de sus cuentas bancarias, acusación que califica como una «estrategia de asfixia económica y judicial» para silenciar su denuncia.
La postura oficial del Estado
Por su parte, la administración estatal de Tamaulipas ha rechazado categóricamente las acusaciones de extorsión. En pronunciamientos oficiales, el gobierno sostiene que la rescisión del contrato obedeció estrictamente a que el proveedor incurrió en graves irregularidades jurídicas.
De acuerdo con la versión oficial, la Contraloría y la Secretaría de Bienestar Social detectaron que la empresa presuntamente falsificó y alteró firmas en la documentación técnica para simular el cumplimiento de los requisitos de la licitación, por lo que justificaron las acciones legales como una medida de transparencia y protección al erario público.
El caso, que ya ha escalado a las principales columnas de investigación del país, mantiene bajo la lupa la actuación de la Fiscalía del Estado y los mecanismos de asignación de contratos en la entidad.
