San Antonio, Texas.-El gobierno de México cede territorio al crimen organizado, permitiéndoles actividades de tráfico y contrabando a cambio de una cuota mensual. Cualquier otra actividad, requiere pagos extras a funcionarios como impuestos sobre el exceso de actividad ilícita”, dijo el Sheriff Roy Boyd, de Goliad, Texas.
Esta denuncia ha cobrado gran relevancia en boca del Sheriff Roy Boyd, del condado de Goliad en Texas, quien ha sido una de las voces más críticas ante el Congreso de los Estados Unidos, señalando lo que él describe como una estructura de «colaboración» o «cesión de soberanía» entre autoridades mexicanas y los cárteles de la droga.
De acuerdo con sus declaraciones, realizadas en diversas audiencias ante el Subcomité de Seguridad Fronteriza e Inmigración del Senado de EE. UU. (incluyendo testimonios en julio y diciembre de 2025), la situación se puede resumir en los siguientes puntos clave:
Puntos principales de la denuncia de Roy Boyd
El «Sistema de Plazas»: Boyd sostiene que el gobierno de México ha permitido que los cárteles operen en territorios específicos a cambio de pagos regulares. Describe este sistema como un «arrendamiento» de la soberanía nacional donde los grupos criminales tienen el control geográfico total.
Según el Sheriff, los cárteles pagan una cuota mensual para realizar actividades básicas de tráfico. Sin embargo, si el volumen de actividad (contrabando de personas o drogas) aumenta, los funcionarios exigen «pagos extras» o impuestos sobre el exceso de actividad ilícita.
Boyd advierte que este modelo se está replicando en territorio estadounidense. Afirma que pandillas locales y grupos criminales en Texas están operando como «contratistas y subcontratistas» bajo el mando directo de los cárteles mexicanos (especialmente el Cártel del Golfo y el CJNG).
Ha calificado la situación no solo como un problema de seguridad pública, sino como una guerra asimétrica donde los cárteles utilizan la migración irregular para saturar a las fuerzas de la ley y facilitar sus otras operaciones criminales.
Estas declaraciones ocurren en un momento de altísima tensión bilateral. Mientras funcionarios como Boyd y políticos de Texas exigen medidas más severas (incluyendo la designación de los cárteles como organizaciones terroristas), el gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y anteriormente con AMLO, ha rechazado estas acusaciones calificándolas de intervencionistas y de ser parte de una narrativa electoral en EE. UU.
Estas acusaciones han sido utilizadas por legisladores republicanos para justificar propuestas de intervención militar o sanciones económicas contra México, argumentando que el Estado mexicano ha sido «cooptado» por el crimen organizado.
