CIUDAD DE MÉXICO.– Un nuevo escándalo de corrupción sacude la estructura interna del Instituto Nacional Electoral (INE). Tras la difusión de reportes que documentan la exigencia sistemática de moches y pagos mensuales a trabajadores del organismo como condición para conservar sus puestos directivos y operativos, se ha destapado una red de exacción salarial que opera bajo la tolerancia del propio Órgano Interno de Control (OIC).
La práctica, calificada en diversos sectores de la opinión pública como un «cobro de piso» administrativo, abre un frente crítico de cuestionamientos sobre la integridad institucional del órgano garante de las elecciones en México, según información difundida por el sitio informativo Excélsior.
El mecanismo del moche: hasta 20% del sueldo por conservar la plaza
De acuerdo con las investigaciones publicadas, el esquema de extorsión interna funcionaba mediante cuotas fijas deducidas o cobradas directamente a los empleados:
Para cargos con salarios netos de 73,000 pesos mensuales, la exacción requerida alcanzaba los 15,000 pesos al mes, equivalente a poco más del 20% del ingreso del servidor público.
n posiciones con sueldos de 42,000 pesos netos, el pago exigido rondaba los 7,000 pesos mensuales.
El incumplimiento de la cuota conllevaba la remoción del cargo, la pérdida de la plaza o la no renovación de contratos temporales, operando como un chantaje laboral continuo respaldado por mandos medios y superiores.
Señalamientos contra la Contraloría por omisión y tolerancia
El aspecto central del caso radica en el desempeño del Órgano Interno de Control del INE. A pesar de la recurrencia de denuncias internas, testimonios y alertas sobre la exigencia ilícita de cuotas a los trabajadores, la Contraloría mantuvo una postura de tolerancia y falta de actuación expedita para desmantelar estas redes de extorsión burocrática.
Esta inacción omisa contrasta con el informe de auditoría presentado recientemente ante la Cámara de Diputados, donde el OIC reportó indagatorias abiertas contra al menos 23 servidores y exservidores públicos, así como contra 18 empresas proveedoras por supuestas faltas administrativas, opacidad en licitaciones y anomalías presupuestales.
Impacto en el proceso de renovación del instituto
El destape de la «renta de plazas» y los esquemas de moches incrementa la presión política sobre la Cámara de Diputados y el Consejo General del INE. Legislative y políticamente, este hallazgo refuerza la exigencia de una fiscalización exhaustiva, no solo sobre las contrataciones y licitaciones a proveedores externos, sino sobre la nómina, el clima laboral y la cadena de mando interna del organismo.
Analistas coinciden en que erradicar estas prácticas abusivas será un requisito indispensable para restablecer la confianza ciudadana en la gestión institucional de los próximos procesos electorales.
