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Despiden de la FGR Puebla a tres altos funcionarios acusados de extorsión a un empresario

Puebla.-La Fiscal General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, reconoció que ella contrató a los tres exfuncionarios acusados de extorsionadores: Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez.

Negó que fueran sus amigos, pero confirmó que los conoció mientras estudiaba la maestría. (Esto se señala como la razón por la que confió en ellos al inicio de su gestión).

Aseguró que en cuanto recibió información sobre actos indebidos (la «mínima sospecha») por parte de estos exfuncionarios, solicitó su renuncia y abrió una carpeta de investigación en su contra y de otros exfuncionarios.

Esta declaración se enmarca en una «limpia» de personal en la FGE de Puebla, donde la Fiscal ha reiterado su compromiso de no permitir la corrupción y ha exhortado a la ciudadanía a denunciar.

Los exfuncionarios involucrados y sus cargos al momento de los hechos y la renuncia fueron:

Luis Antonio León Delgadillo: Extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI).

Miguel Ángel Islas Álvarez: Extitular de la Fiscalía de Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (FEIDORPIFR).

Jorge Malvaez Rodríguez: Coordinador de Investigación de la FEIDORPIFR.

El Caso que Detonó las Acusaciones

El catalizador directo de las renuncias y las investigaciones internas fue un presunto caso de extorsión y detención ilegal contra un empresario local en días pasados.

Se trata de Javier Milián Mora, empresario de giros como tables dance, gimnasios y restaurantes.

La detención de Milián y dos socios habría sido calificada como ilegal por un juez debido a irregularidades en el procedimiento y la extorsión documentada en video atribuida a uno de los exfuncionarios, Jorge Malvaez Rodríguez, coordinador de la FEIDORPIFR.

Reportes periodísticos señalan que los exfuncionarios y sus equipos habrían utilizado el método de «carpetas espejo» para extorsionar a empresarios (se menciona una lista de hasta 39 posibles víctimas, incluyendo constructores e hijos de exgobernadores). Esta táctica consistía en armar expedientes por presunto lavado de dinero u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) para exigirles fuertes sumas de dinero a cambio de no judicializar las carpetas.

La resolución judicial que ordenó la liberación de Milián por la detención ilegal, junto con la acumulación de denuncias internas, fue la gota que derramó el vaso y obligó a la Fiscal Idamis Pastor a solicitar las renuncias e iniciar las carpetas de investigación.

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