CULIACÁN, SINALOA. En un hecho sin precedentes que ha sacudido las estructuras de poder en México, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció este miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a una lista de nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel.
La acusación, radicada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, vincula directamente al mandatario estatal y a su círculo cercano de seguridad y administración con operaciones de tráfico de drogas a gran escala y delitos relacionados con el uso de armas de fuego de uso exclusivo militar.
Los señalados en el «Indictment»
El documento judicial identifica a figuras clave de la administración estatal y municipal, así como a mandos operativos de las fuerzas de seguridad:
Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázares: Senador y exsecretario General de Gobierno.
Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado.
Gerardo Mérida Sánchez: Secretario de Seguridad Pública Estatal.
Marco Antonio Almanza Avilés: Comisario de la Policía de Investigación.
Alberto Jorge Contreras Núñez («Cholo»): Exmando de la Policía de Investigación.
José Antonio Dionisio Hipólito («Tornado»): Comandante de la PEP.
Juan Valenzuela Millán («Juanito»): Comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Cargos y gravedad de las penas
Según el informe presentado por las autoridades estadounidenses, los acusados enfrentan cargos federales por conspiración para la importación de sustancias controladas y posesión de armas automáticas y artefactos destructivos. La fiscalía sostiene que los imputados habrían brindado protección institucional y logística a facciones del Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos.
En el caso particular de Juan Valenzuela Millán, la acusación incluye cargos adicionales por el secuestro y asesinato de un informante federal y su familiar. Las autoridades de EE. UU. advirtieron que, de ser encontrados culpables, las penas podrían oscilar entre un mínimo de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Impacto Diplomático
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia frontal para desarticular la colusión entre el poder político y los grupos criminales. «Nadie está por encima de la ley cuando se trata de la seguridad de nuestras naciones», enfatizó en un comunicado.
Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha emitido una postura oficial, mientras que el impacto de esta noticia ha generado una reacción inmediata en los mercados y en la agenda política nacional, marcando un punto de no retorno en la gestión de la actual administración sinaloense.
