CULIACÁN, SINALOA.— Tras el histórico anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre cargos por narcotráfico en su contra, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emitió un enérgico posicionamiento en el que rechazó «categórica y absolutamente» las imputaciones, calificándolas como una estrategia política para golpear al actual régimen de gobierno.
A través de un mensaje oficial difundido este miércoles, el mandatario sinaloense aseguró que las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York carecen de cualquier sustento legal.
«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra… ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», sentenció el Ejecutivo estatal.
Defensa de la «Soberanía Nacional»
Rocha Moya no limitó su defensa al plano personal. En su declaración, enmarcó la acción judicial estadounidense como una afrenta directa contra el proyecto político de la Cuarta Transformación y sus liderazgos, sugiriendo que existe una «perversa estrategia» para vulnerar el orden constitucional y la soberanía de México, citando específicamente el Artículo 40 de la Constitución Federal.
SRE acusa falta de pruebas en solicitud de extradición
En sintonía con el gobernador, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó haber recibido las solicitudes de detención provisional con fines de extradición para los señalados. No obstante, la Cancillería emitió una nota diplomática subrayando que el expediente enviado por Washington no incluye los elementos de prueba necesarios para acreditar la responsabilidad de los funcionarios en los delitos imputados.
Rocha Moya cerró su mensaje apelando a la dignidad de los sinaloenses y asegurando que su administración se mantendrá firme frente a lo que denominó una «calumnia internacional».
La acusación formal llega apenas dos días después de que medios como Los Angeles Times revelaran que al gobernador le fue revocada su visa estadounidense desde el año pasado por sospechas de nexos con el crimen organizado.
Las solicitudes de extradición serán turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación, aunque la postura actual del Gobierno de México sugiere una férrea resistencia legal antes de proceder con cualquier captura.
Con este pronunciamiento, el Gobierno de Sinaloa se declara en estado de «alerta política», mientras el caso se perfila como la mayor prueba para la relación bilateral en materia de seguridad en la presente década.
