CIUDAD DE MÉXICO / WASHINGTON. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la designación de seis individuos y varias entidades comerciales vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), desarticulando una sofisticada red de lavado de dinero y contrabando de efectivo que operaba en la frontera norte de México.
De acuerdo con el informe oficial, el CDN utilizaba el sector del juego en Tamaulipas como fachada para integrar ganancias ilícitas provenientes del tráfico de fentanilo, metanfetaminas y el tráfico de personas. Las entidades sancionadas, que a partir de hoy tienen prohibido cualquier vínculo con el sistema financiero estadounidense, son:
Casino Centenario: Ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Diamante Casino: Ubicado en Tampico, Tamaulipas.
Operadores Clave y Facilitadores
La OFAC puso especial énfasis en los perfiles que permitían la legalidad aparente de estas operaciones. Entre los nombres destacados en la «Lista Negra» (SDN) se encuentran:
Juan Pablo Penilla Rodríguez: Identificado como una pieza estratégica en la gestión de activos. Se le señala por administrar y ocultar fondos del cártel mediante la supervisión directa de los casinos y la creación de estructuras corporativas para el blanqueo de capitales.
Eduardo Javier Islas Valdez (alias «Crosty»): Operador central de los establecimientos de juego y enlace directo con la estructura financiera del grupo criminal.
Rogelio Pérez Ramos (alias «El Perico»): Responsable de la logística del contrabando de dólares en efectivo desde Estados Unidos hacia México.

Impacto y Alcance Regional
El gobierno estadounidense reiteró que el Cártel del Noreste mantiene una presencia violenta y dominante en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. La designación de hoy no solo busca frenar el flujo de fentanilo, sino también castigar a los facilitadores profesionales, como administradores y gestores, que permiten que el dinero sucio permee la economía formal.
Con esta acción, todas las propiedades e intereses de los designados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a cualquier institución financiera o ciudadano estadounidense realizar transacciones con ellos, bajo riesgo de severas sanciones legales.




