La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó las alertas migratorias derivadas de investigaciones en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y tráfico de armas; dos implicados ya se entregaron a la justicia estadounidense.
Ciudad de México / Culiacán, Sin.- En lo que representa uno de los golpes políticos más severos de los últimos años para el partido oficialista, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió de manera formal fichas rojas de búsqueda y captura en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve altos funcionarios vinculados a su administración.
La existencia de estas alertas internacionales fue confirmada de manera oficial por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina. La medida se deriva de órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos, que acusa a la cúpula política sinaloense de presuntos vínculos con el crimen organizado —específicamente con la facción de «Los Chapitos»— y tráfico de armas.
Desbandada y entregas voluntarias
El requerimiento de la justicia estadounidense e internacional incluye a un grupo compacto de 10 personajes clave en la estructura de poder local. Entre los señalados destaca también el senador con licencia Enrique Inzunza Cázarez.
Tras revelarse el alcance de las investigaciones, dos de los exfuncionarios involucrados optaron por entregarse voluntariamente a las autoridades de los Estados Unidos para enfrentar sus respectivos juicios: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado. Por su parte, la estructura judicial local también sufrió fracturas directas tras la separación del cargo del exvicefiscal Dámaso Castro Zaavedra.
Presión política en el ojo del huracán
A pesar de la activación de la ficha roja, el Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por Omar García Harfuch, precisó que Rubén Rocha Moya permanece localizado en su residencia particular de Sinaloa bajo el resguardo de la policía estatal. Al no existir una orden de aprehensión emitida por tribunales mexicanos, la federación aclaró que no hay obligación legal de mantener una vigilancia especial o detención sobre los implicados que restan en el territorio, a menos de que intenten abandonar el país.
El caso eleva al máximo la presión internacional sobre el entorno político sinaloense, sumido en una prolongada crisis de seguridad. Asimismo, sacude las estructuras internas de Morena a nivel nacional, abriendo un debate urgente sobre la fiscalización, la transparencia y los perfiles de los gobernantes en estados con alta presencia delictiva.



