MAZATLÁN, SIN. — Ante la legítima demanda ciudadana de contar con servicios públicos eficientes y un manejo honesto del erario, el Comité Municipal del PRI en Mazatlán anunció el inicio de una ruta legal y de fiscalización para esclarecer presuntas irregularidades en los procesos de adquisiciones y obra pública del Ayuntamiento local.
En conferencia de prensa, la presidenta del partido en el puerto y regidora, Maribel Chollet, acompañada por el jurídico regional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Ricardo Salazar, señaló que el dinero de los mazatlecos debe traducirse en bienestar y no en dudas administrativas.
Lupa sobre camiones de basura y obra pública
La regidora Chollet informó que ya se han promovido acciones ante los órganos de control interno y adelantó que solicitarán auditorías formales y revisiones exhaustivas a diversos procedimientos administrativos. Entre las observaciones principales, destacan dudas en la adquisición de camiones recolectores de basura, así como en los procesos de contratación y asignación de obra pública en el municipio.
«Fiscalizar los recursos no es un asunto de banderas políticas, es una obligación con las familias de Mazatlán. Cada peso que se gasta con opacidad en un camión de basura o en una calle mal contratada, es un peso que se le regatea al desarrollo de nuestras colonias y comunidades», enfatizó la líder priista.
El derecho a saber: Rendición de cuentas
Por su parte, el abogado Ricardo Salazar puntualizó que toda contratación gubernamental debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, competencia justa y máxima publicidad. Subrayó que el acceso a la información y la claridad en las compras públicas son derechos fundamentales de la sociedad, por lo que urgió a las autoridades correspondientes a realizar una revisión minuciosa y sin dilaciones de los expedientes señalados.
Finalmente, la dirigencia local del PRI reafirmó su postura de mantener una vigilancia permanente y constructiva sobre los bienes del municipio. Aseguraron que continuarán utilizando los canales legales e institucionales para defender el patrimonio de las y los mazatlecos, garantizando que el presupuesto público cumpla con su verdadero propósito: elevar la calidad de vida en el puerto.
