La diputada Paola Gárate criticó que la Comisión Estatal de Búsqueda negara maquinaria en hallazgos recientes de fosas y demandó transparentar un presupuesto cercano a los 130 millones de pesos.
CULIACÁN, Sin. — Mientras el Estado mexicano falla en su obligación constitucional de buscar e identificar a los miles de desaparecidos, en Sinaloa las madres buscadoras siguen removiendo la tierra con sus propias manos, palas y cubetas. Ante esta realidad, la diputada local Paola Gárate exigió al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General responder con recursos, personal y empatía, dejando de lado el «abandono institucional».
Durante una conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora denunció la omisión de las autoridades tras los recientes hallazgos de restos humanos en Villa Juárez (Navolato) y El Quemadito (Culiacán), los cuales fueron localizados —una vez más— por colectivos ciudadanos y no por operativos oficiales.
El punto más crítico señalado por la congresista ocurrió en la zona de Villa Juárez, donde el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa solicitó a la Comisión Estatal de Búsqueda el uso de maquinaria especializada para agilizar la exhumación en un predio con indicios de más fosas clandestinas.
A pesar de que la dependencia cuenta con el equipo, la petición fue rechazada bajo el argumento de que eran «órdenes de la comisionada», obligando a las familias y a los peritos a excavar manualmente durante horas.
«Ninguna mujer debería verse obligada a hacer con sus propias manos el trabajo que corresponde a las instituciones. Cuando una madre sale a buscar, no solo enfrenta la ausencia de un hijo; también enfrenta la ausencia de un Estado que debería acompañarla», aseveró Gárate.
Exigen cuentas sobre 130 millones de pesos
Frente a cuestionamientos de activistas como Reynalda Pulido sobre el paradero de la autoridad en el campo, la diputada exigió un informe público detallado a la Comisión Estatal de Búsqueda para aclarar el destino y la aplicación de los cerca de 130 millones de pesos asignados a la institución, explicar el motivo real por el cual se negó el uso de la maquinaria en Villa Juárez y evaluar el desempeño de la comisionada Karina Márquez y de la subsecretaria Patricia Figueroa.
Finalmente, Gárate enfatizó que el dolor de la desaparición pertenece a las familias, pero la responsabilidad de buscar, excavar e identificar es 100% del Estado.
Por ello, urgió a implementar protocolos de respuesta inmediata en cuanto un colectivo reporte un hallazgo, así como a reforzar la articulación entre la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía para evitar que las familias sigan enfrentando burocracia en medio de su duelo.



