- A través de un comunicado emitido a vísperas de que se defina la terna para la Coordinación de la 4T en Sinaloa, la Fiscalía estatal recordó que el exalcalde de Ahome enfrenta dos juicios activos por presunta corrupción.
- El movimiento de la FGE es leído como una jugada de contención política para descarrilar sus aspiraciones e inhabilitarlo de facto ante la dirigencia nacional.
CULIACÁN, Sin.— En un movimiento con evidente sincronía política, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió un comunicado este 29 de julio para confirmar que continúan activos y en etapa intermedia dos procesos penales contra el exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio “N” (Vargas Landeros), y su equipo de colaboradores, por presuntos actos de corrupción.
El reporte judicial se da a tan solo unas horas de que Morena defina la terna de aspirantes que irán a la encuesta interna para la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Sinaloa, lo que en el ámbito político estatal se interpreta como un golpe de precisión para cerrar el paso definitivo al edil desaforado.
Los expedientes revividos
La FGE precisó que ambos asuntos se encuentran programados para desahogarse en audiencia intermedia durante el mes de agosto de 2026:
Vinculación a proceso por la presunta contratación irregular de unidades para la Secretaría de Seguridad Pública municipal y proceso penal por presuntas irregularidades en la contratación de despachos externos para la recuperación de Participaciones Federales.
En ambos expedientes, el exalcalde ahomense está imputado por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, junto a casi una docena de exfuncionarios municipales.
Así sería el impacto político de la “zancadilla”
De acuerdo con algunos analistas locales, más allá del estricto trámite penal, el impacto directo de la publicación del comunicado se juega en la mesa de las decisiones políticas.
Al colocar nuevamente en la conversación pública los delitos financieros e institucionales atribuidos a Vargas Landeros, la Fiscalía le genera un costo político insostenible ante la dirigencia nacional de Morena, dificultando su inclusión en la lista final de aspirantes.
Al listar de manera detallada a los coacusados en las carpetas de investigación, se desarticula cualquier intento de movilización o respaldo político por parte del grupo político de Ahome, recordando que las implicaciones legales siguen vigentes para todo el equipo.
Para el Ejecutivo estatal y la FGE, la acción permite reforzar la bandera de «cero impunidad» en el combate a la corrupción, demostrando que no existen blindajes ni concesiones para perfiles emanados del propio movimiento.
El pronunciamiento de la Fiscalía no es un simple informe de rutina; para algunos analistas funciona como un veto político formalizado en un boletín de prensa. A horas de que el comité nacional de elecciones defina las cartas fuertes para el futuro político de Sinaloa, la justicia local se encargó de recordar que el nombre de Gerardo Vargas Landeros sigue atado a los tribunales.
