Por Rodrigo de Triana
¿Tranquilidad para el turista o aviso de limpia?
Ayer se vio un descomunal despliegue de unidades de las fuerzas de seguridad a lo largo de toda la Avenida del Mar. La versión oficial dicta que se trata de las tropas asignadas al Plan Operativo Verano Seguro 2026 —el cual arrancó el pasado 14 de julio y concluirá el 1 de septiembre—, presumiendo un despliegue de más de 5,000 agentes tan solo en la zona sur del estado (Mazatlán, Rosario y Escuinapa).
Sin embargo, tras una semana y media convulsa, atiborrada de hechos de alto impacto y detenciones de alto nivel, la pasarela de patrullas genera sospecha: ¿cuál es el verdadero mensaje?
¿Fue acaso un desfile triunfal donde las fuerzas federales y estatales intentan mandar la señal de que la plaza ha sido recuperada? Extraoficialmente ha trascendido que los recientes arrestos no son golpes aislados, sino parte del desmantelamiento de una estructura criminal que venía funcionando como una verdadera autoridad paralela; un engranaje que mantenía asfixiada a la región mediante la extorsión, el cobro de piso, la desaparición de jóvenes y el asalto sistemático en carreteras y caminos vecinales.
Si la lógica apunta a que apenas se está desmontando la fachada, entonces lo visto en las últimas horas solo sería el inicio. La pregunta obligada en los pasillos del poder es: ¿estamos ante el preámbulo de una Operación Enjambre para Sinaloa?
Condiciones hay, y de sobra. Pero para que el golpe sea real, faltaría ir por el verdadero eslabón débil: los aliados institucionales. Aquellos que, desde las fuerzas de seguridad municipal y estatal, se pusieron a los pies de la estructura criminal.
El dato no es menor: Una fuente interna de la Fiscalía General del Estado susurra que, tan solo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), hay cerca de 200 carpetas de investigación abiertas contra elementos de la corporación.
Habrá que ver si el desfile en el malecón fue para infundir tranquilidad a los visitantes… o para avisarle a los de adentro que la limpia viene en serio.
Fuego en el Cabildo: Regidoras denuncian intimidación, mordaza y política de choque
Y en este mismo marco, donde la política local se torna escabrosa, es en el Cabildo mazatleco. Las aguas aquí no solo vienen agitadas, están alcanzando niveles de borrasca.
Lo que debería ser la máxima tribuna del municipio —la casa del pueblo, donde el debate de ideas y la revisión de reglamentos son la tarea cotidiana— se está transformando en un escenario de tensión e intimidación. Las regidoras Milay Quintero y Maribel Chollet alzaron la voz para poner sobre la mesa una denuncia grave: amenazas, mensajes, llamadas y publicaciones dirigidas a silenciar su labor.
Las intervenciones de las ediles apuntan a la defensa del reglamento y de la legalidad institucional. No se trata solo de confrontar por confrontar, sino de señalar lo que no procede jurídicamente y no permitir que la tribuna se convierta en una ventanilla de trámite a ciegas.
Cuando los argumentos se agotan en la mesa, entran las llamadas nocturnas, las indirectas con fotografías y la coacción directa para evitar que se tome la palabra en el pleno.
Como bien se señaló en la sesión, resulta lamentable el papel de quienes, desde las comisiones y las áreas técnicas o jurídicas, terminan retratándose al validar decisiones señaladas como improcedentes.
En el tintero…
Si el pleno del Cabildo deja de ser el espacio de libre expresión para convertirse en una zona de contención y chantaje, la institucionalidad mazatleca queda tambaleando.
La radiografía de un «Modus Operandi» institucionalizado con las arcas municipales
De insumo pesado para la conversación pública es el texto de una colaboración que el ex regidor del PT, Rodolfo Cardona Pérez, subió a las redes sociales.
La postura de Cardona es un ataque frontal a la simulación administrativa. Deja entrever que las pérdidas millonarias a causa de las demandas en contra del Ayuntamiento en juzgados no son descuido ni incapacidad, sino una fuga de capitales planificada desde el interior del propio gobierno municipal.
Cardona expone el ejemplo del Estadio Teodoro Mariscal como cierre perfecto para indignar a la opinión pública sobre este tema de alta relevancia, pues combina tres elementos explosivos
Un reclamo derivado de solo dos días sin ingresos en 2018 termina costando 13.5 mdp más actualizaciones al municipio.
A la concesionaria se le remodeló el estadio con más de 400 mdp de dinero público y, aun así, le «saca» al Ayuntamiento millones por daños e intereses gracias a la mala praxis legal de la Comuna.
Esos 500 mdp acumulados o los 13.5 mdp del estadio no son abstracciones contables; se traducen directamente en la crisis actual de drenaje colapsado, basura y patrullas que sufre el ciudadano en las colonias.
Cardona sostiene que la impunidad es técnica: existiendo la Ley de Responsabilidades Administrativas y la vía del Juicio de Cuentas para obligar al funcionario a reparar el daño patrimonial con sus bienes, el OIC actúa como un espectador omiso.
La falta de castigos convierte a estos órganos en cómplices por inacción.
