CIUDAD DE MÉXICO. — La Fiscalía General de la República (FGR) marcó una postura de confrontación jurídica frente a las autoridades de Estados Unidos, al informar que solicitará una ampliación de información respecto a la acusación formal por narcotráfico lanzada contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
En una conferencia de prensa que ha sacudido el tablero diplomático, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, señaló que la documentación remitida por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es insuficiente para proceder legalmente en México.
Sin pruebas que acrediten los cargos
Según el funcionario federal, tras un análisis técnico del expediente, se determinó que el gobierno estadounidense no adjuntó las pruebas materiales necesarias que sustenten los cargos de vinculación con el crimen organizado.
“No existen pruebas anexas que acrediten fehacientemente la comisión de un posible crimen bajo los estándares del sistema penal mexicano. Por ello, la FGR pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite formalmente a las autoridades estadounidenses ampliar la información”, puntualizó Jiménez Vázquez.
El blindaje institucional
Con esta determinación, la FGR establece un muro jurídico que detiene, por el momento, cualquier intento de detención con fines de extradición contra el mandatario sinaloense. Los puntos clave de la postura oficial son:
México se niega a actuar como ejecutor automático de las cortes de Nueva York sin un sustento probatorio sólido y validado por leyes nacionales.
Se cuestiona la calidad de la evidencia enviada, sugiriendo que el indictment (acusación formal) carece del soporte técnico indispensable para un proceso de esta magnitud.
El caso entra en una fase de «impase» diplomático mientras se espera la respuesta de Washington a través de los canales de la Cancillería.
Implicaciones para Sinaloa
La declaración de la FGR representa un alivio momentáneo para la administración estatal, que ha estado bajo una presión asfixiante desde que se filtraron los detalles de la investigación neoyorquina. Sin embargo, analistas advierten que esta exigencia de «ampliación de información» podría tensar aún más la relación bilateral en materia de seguridad, en un momento en que la cooperación contra el fentanilo y el tráfico de armas es prioritaria para ambos países.
Por ahora, el expediente queda radicado en la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales, a la espera de que el Departamento de Justicia decida revelar las cartas y evidencias que asegura tener contra la cúpula política de Sinaloa.
