MORELIA, MICH.-— En un hecho sin precedentes para la justicia en Michoacán, un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros 15 exfuncionarios, señalados por su presunta responsabilidad en la masacre de la comunidad indígena de Arantepacua, ocurrida en abril de 2017.
Los delitos imputados
La Fiscalía General del Estado (FGE) logró robustecer una carpeta de investigación que imputa al exmandatario y a su círculo de seguridad los delitos de:
Homicidio calificado (por la muerte de cuatro comuneros).
Tortura.
Abuso de autoridad.
La orden judicial también alcanza a Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública, y a 14 elementos policiales que participaron en el operativo desplegado hace nueve años en el municipio de Nahuatzen, el cual dejó un saldo de cuatro muertos, 37 heridos y decenas de detenciones arbitrarias.
Estatus de «Prófugo»
Aureoles Conejo, quien ya era investigado desde 2025 por un presunto desfalco de más de 5 mil millones de pesos relacionados con la construcción de cuarteles policiales, es considerado actualmente prófugo de la justicia.
Informes de inteligencia sugieren que el exgobernador podría haber abandonado el país el año pasado, posiblemente con rumbo a Canadá o España, por lo que las autoridades michoacanas ya coordinan con la Interpol la emisión de una ficha roja para su localización internacional por estos nuevos cargos de violación grave a los derechos humanos.
Justicia tras nueve años
Este avance judicial responde a una demanda histórica de los habitantes de Arantepacua y a la recomendación de la CNDH, que calificó el operativo autorizado por la administración silvanista como un uso «ilegal, excesivo y desproporcionado» de la fuerza pública. El actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, ha reiterado que en este caso «no habrá impunidad».
